Después de seis años de aplicación y de perseguir en los tribunales las ayudas establecidas en las autonomías como forma de compensar la medida, el Gobierno central se está planteando eliminar, al menos en parte, los copagos farmacéuticos instaurados en 2012 y por los que tanto pensionistas como otros colectivos con rentas bajas están obligados a pagar un porcentaje de los medicamentos que antes tenían de forma gratuita.
Así se desprende de la respuesta que ha dado el Ministerio de Sanidad a una petición planteada por el Defensor del Pueblo en respuesta a los problemas que estos copagos planteaban para ciertos colectivos económicamente vulnerables en toda España. El Gobierno del Partido Popular estaría, según esta contestación, dispuesto a estudiar eximir del pago «a determinados colectivos vulnerables, con rentas mínimas y ciertas enfermedades», según aseguró ayer el defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán en su exposición del Informe Anual 2017.
Primer paso
Primer pasoEl compromiso ministerial no es «muy fehaciente» ni «extraordinariamente comprometido», según reconoce Fernández Marugán. Aún así, es cierto que es la primera vez que el ministerio se plantea en seis años dar un paso atrás en un real decreto-ley que además, está teniendo consecuencias directas en la salud de las personas a tenor del alto índice de abandono de tratamientos farmacológicos que se ha registrado desde su entrada en vigor.
Aunque ahora parece que se apuesta por la retirada, el Gobierno ha venido manteniendo una postura más que beligerante con los gobiernos autonómicos que, desde 2012, han apostado por puentear con ayudas dirigidas a los colectivos más afectados, entre ellos el valenciano. Aún en los tribunales está el recurso que planteó la Abogacía del Estado contra los primeros decretos del Pacte del Botànic que facilitaron que en 2016 pensionistas con rentas bajas y personas con diversidad funcional se libraran de pagar por los medicamentos.
Decretos anulados por el TSJ
Decretos anulados por el TSJLos recursos prosperaron y, de hecho, el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana los anuló, resolución que fue recurrida y que no impidió sin embargo, que los decretos se sucedieran -y ampliaran- en 2017 y en este 2018, eso sí, más depurados para evitar la colisión de competencias y una persecución judicial por parte del Estado. En 2015 se aprobaron los aplicados en 2016 para esos dos primeros colectivos (recurridos en los tribunales) y, el año pasado, además de mantenerse, las ayudas se extendieron para los niños de familias con rentas por debajo de 18.000 euros.
Precisamente en esa «experiencia de los años cumplidos» se apoyaba ayer la consellera de Sanidad, Carmen Montón, para defender que el nuevo decreto que regulará las nuevas ayudas contra el copago -ahora dirigidas a los parados- tendría la suficiente «seguridad jurídica» para mantenerse activo sin temor a los recursos del Gobierno central.
«Que demuestren el ahorro»
«Que demuestren el ahorro»Montón pidió ayer de nuevo en Madrid -aprovechando la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud- la retirada de la norma. El modelo sanitario se «truncó desde ese Real Decreto-Ley 16/2012 con copagos y exclusión sanitaria», dijo ayer la consellera, que pidió al gobierno de Mariano Rajoy que demostrara «el ahorro que ha producido esto».
La consellera aprovechó también para reclamar los 300 millones por atención a desplazados de otras comunidades autónomas aún no percibidos, al tiempo que se mostró muy crítica con la regulación propuesta para los medicamentos homeopáticos. «No deben tener la categoría de medicamentos, no curan, no tienen evidencia científica detrás».
