Según fuentes de las organizaciones denunciantes, el inicio de estas obras puede ser presuntamente constitutivo de delitos contra la ordenación del territorio, el medio ambiente y prevaricación en el caso de que las licencias hayan sido otorgadas.
Ambas organizaciones sostienen en las denuncias que las irregularidades administrativas cometidas impiden a los ayuntamientos otorgar licencias de obra ajustadas a la legalidad.
Los denunciantes han señalado que en ambas zonas eólicas quedan afectados territorios protegidos por las Directivas Europeas sobre Hábitats y Aves que componen la Red Natura 2000 y, en el caso de la zona 6, por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de la Sierra de Espadán.
Asimismo han indicado que las denuncias van dirigidas, en principio, contra los ayuntamientos en cuyos términos municipales se están ejecutando las obras y contra las empresas concesionarias de los parques eólicos, sin descartar otras instancias administrativas.
