La justicia ha condenado al Ayuntamiento de la Font de la Figuera a pagar 2.000 euros en costas por los honorarios del abogado y el procurador del concejal del PP que denunció a la corporación por los supuestos obstáculos para acceder al registro de entrada municipal. El equipo de gobierno atribuye la demanda a la «impaciencia» de la oposición, en un momento en el que era inminente la implantación de un nuevo sistema informático que iba a permitir al edil acceder al registro en cualquier instante, sin necesidad de desplazarse al ayuntamiento.
Esta circunstancia fue comunicada por el ayuntamiento al juzgado, que terminó decretando la finalización del procedimiento por satisfacción extraprocesal, aunque condenó al consistorio al pago de unas costas estimativas, dado que el juicio no llegó a producirse. A través de un comunicado, el equipo de gobierno lamentó ayer «la impaciencia del grupo popular, que no fue capaz de esperar unos días a que se modernizara el registro de entrada», recordando que los recursos del ayuntamiento «son limitados» y acusando al PP de hacer «un uso poco ético y partidista del registro». El nuevo sistema de consultas está habilitado desde septiembre para los concejales de todos los grupos. Desde el ejecutivo consideran que «por parte de algunos miembros del PP se está judicializando la administración institucional con el presumible objetivo poco ético de conseguir de forma nada ortodoxa lo que no se ha conseguido ni en las urnas ni en la previa negociación que debe presidir la vida democrática normalizada», apostilla el comunicado. Los populares, por su parte, acusaron al equipo de gobierno de vulnerar derechos fundamentales.
