La movilización de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) impidió ayer que una familia de cuatro miembros y escasos recursos fuera desahuciada de su vivienda, en el número 12 de la calle Ventura Pascual de Xàtiva. Aunque el juzgado había señalado la ejecución hipotecaria a las 10 de la mañana, el procedimiento terminó quedando suspendido.

A esa hora, medio centenar de personas —entre ellos vecinos y miembros de las plataformas de Xàtiva, Sueca y Ontinyent— se concentraron a las puertas del inmueble donde residen Romuald, Cristina y sus dos hijos, uno de ellos menor de edad, con 8 años. «Estoy en el paro y mi mujer tiene una minusvalía del 66%. El viernes nos llamó el abogado para decirnos que este lunes iban a ocupar la casa, pero no hemos recibido ninguna notificación. No nos ha dado tiempo a recoger nada». Así narra el padre de familia su calvario, con la voz entrecortada por los nervios. «Daban la vivienda por desocupada, cuando nosotros en ningún momento la hemos abandonado. No es justo», añade su hija Alexandra, de 24 años.

Con el principal objetivo de paralizar el desahucio conseguido, la protesta se trasladó a la sucursal del Banco Popular de la calle República Argentina, donde la presión de los manifestantes se intensificó, altavoz en mano. La noche anterior, la PAH había empapelado la fachada de la entidad. El banco impidió en un principio la entrada a los miembros del colectivo esgrimiendo razones de seguridad y requirió la presencia de la Policía Nacional para mediar en el conflicto. Finalmente, a las 11.15 horas, dos agentes acompañaron a varios representantes de la plataforma y a Romuald y Alexandra al interior de las oficinas. A su salida, padre e hija fueron recibidos con una ovación cuando anunciaron que el banco les había facilitado la documentación para tramitar la concesión de un alquiler social, una solución provisional que, de momento, supone un respiro para los afectados. El Popular dispone de un fondo social de viviendas destinado a personas desalojadas de su domicilio por el impago de préstamos hipotecarios.

Fuentes de la entidad bancaria consideran la movilización innecesaria y desproporcionada y aseguran que esta alternativa ya había sido planteada con anterioridad, aunque la familia sostiene que su abogado no les había informado y están convencidos de que, sin las protestas, hubieran sido expulsados del inmueble, en el que residen desde 2007. El ayuntamiento medió a través de la Policía Local para evitar el desahucio que tramita el juzgado. Dos concejales del equipo de gobierno respaldaron ayer a los manifestantes.

La PAH denuncia la «indefensión» de los afectados, que carecen de alternativa habitacional, y tacha de «ilegal» el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado en 2013 tras la doctrina jurisprudencial sentada por la UE en 2015.

La PAH no baja la guardia

De momento, la amenaza del desahucio se ha aparcado hasta dentro de un mes. Mientras tanto, la PAH recalca que no bajará la guardia para hallar una solución «lo más digna posible» para la familia. Un portavoz advierte de que «en muchas ocasiones, el precio del llamado alquiler social es demasiado elevado y no es asumible».

«Esperemos que todo vaya bien», suspira Romuald a su salida de la sucursal. Le sigue temblando la voz, aunque se advierte cierto alivio en sus gestos. No sabe cuánto durará la tranquilidad ni si podrá pagar el alquiler. Apenas subsisten con una ayuda por minusvalía de 360 euros que percibe su mujer. En la Plataforma señalan que «cada vez son más» las familias que piden asesoramiento.