La Sindicatura de Comptes ha sometido al Ayuntamiento de Xàtiva a un examen de fiscalización para evaluar el grado de control interno en cuanto al cumplimiento de la legalidad y los principios contables se refiere. La administración local sale por lo general bien parada, pero el notable obtenido en la evaluación (un 7 sobre 10) no es óbice para que el organismo haya encontrado múltiples «incidencias básicas» que emplaza al consistorio a corregir porque suponen «una debilidad importante de control interno». Así lo detalla un informe publicado el 12 de abril que centra el foco en el ejercicio de 2015, cuando el tripartito asumió las riendas de la corporación.
La Sindicatura detecta dos incumplimientos del artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, que regula las asignaciones económicas a los grupos políticos municipales. Cada partido con representación en Xàtiva dispone de una dotación de 65 euros mensuales fijos que se suman a un componente variable de otros 65 euros por cada concejal electo. De este modo, el PSPV percibe 520 euros mensuales, EUPV y el PP, 390 euros; Compromís 260 ? y Ciudadanos, 130 euros. La cuantía se ha incrementado en este mandato. Con anterioridad, la inyección era de 55 euros fijos y variables.
Según el informe, «la entidad desconoce si estas asignaciones se han destinado al pago de remuneraciones del personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos de carácter patrimonial», lo cual estaría prohibido y evidencia la falta de control. Tampoco sabe si los grupos «llevan una contabilidad específica» de estos fondos que utilizan para financiarse. La propuesta de alcaldía aprobada al comienzo de la legislatura señalaba que cada fuerza «deberá llevar una contabilidad específica de la dotación que perciba, que estará a disposición del pleno de la corporación siempre que éste lo solicite». Pero la Sindicatura hace hincapié en que el pleno «no la ha solicitado». Fuentes municipales descartan irregularidades y recalcan que las asignaciones se destinan al funcionamiento de los grupos y que «están sometidas a la doble fiscalización de la intervención municipal y del Tribunal de Cuentas».
Sobre los regidores, que en 2015 percibieron 202.032 euros en indemnizaciones por asistencias a plenos y comisiones de gobierno, «no consta que exista una declaración individualizada de incompatibilidades que acredite el cumplimiento de la ley». Siguiendo con las incidencias, el órgano de fiscalización detecta que el personal eventual realiza en ocasiones funciones reservadas a los funcionarios y que en la relación de puestos de trabajo «no constan los méritos de los trabajadores». Los empleados, además, son cambiados de departamento sin la pertinente convocatoria pública.
En 2015, el equipo de gobierno adjudicó un contrato para actualizar y valorar el inventario de bienes patrimoniales, pero el ayuntamiento sigue pendiente de adquirir la aplicación informática para incorporarlo y regularizarlo.La actualización no ha sido aprobada aún por la corporación y tampoco se ha calculado el valor de los 3.704 bienes muebles de carácter histórico-artístico registrados. Tal como hace constar la Sindicatura, el inventario no se ha remitido a la Generalitat ni al Estado y no todos los bienes están inscritos en el registro de propiedad. El ente fiscalizador recomienda elaborar unas instrucciones escritas para el uso de los vehículos municipales e implantar un registro que controle el consumo de combustible.
Falta transparencia en la web
Aunque la liquidación del presupuesto de 2015 cumplió con los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera, el informe pone el acento en que el Ayuntamiento de Xàtiva aún no se ha adaptado a todas las obligaciones impuestas por la Ley de Transparencia: la web municipal no recoge información referente a la ejecución trimestral de las cuentas y su liquidación, los informes sobre estabilidad presupuestaria y las modificaciones de crédito aprobadas por el pleno. El grado de actualización del Portal de Transparencia es bajo y la sindicatura insta a determinar el plazo en que ha de proporcionarse al pleno información sobre la ejecución de los presupuestos y de la tesorería local.
