Los gobiernos central y autonómico se culpan mutuamente del enfado mayúsculo que ha ocasionado en el sector agrícola la exclusión de numerosos municipios de la provincia de València de la relación de términos sacudidos en 2016 por circunstancias climáticas adversas -sequía, gota fría, heladas, pedrisco, viento o incendios- cuyos productores se beneficiarán de una rebaja de los módulos del IRPF en la declaración de la Renta.
Como denunciaron La Unió de Llauradors y AVA e informó Levante-EMV, la orden deja fuera prácticamente a todos los municipios de la Costera y relega a muchos agricultores de la Canal y la Vall, al situarlos por debajo del volumen mínimo de pérdidas. En respuesta a esa noticia, el Ministerio de Hacienda ha avanzado a este diario que está comprobando si pueden existir errores y se ha brindado a rectificarlos.
Estas fuentes, sin embargo, sostienen que el papel del organismo estatal se limita a validar las rebajas propuestas por cada Comunitat Autonóma y atribuyen a la conselleria la responsabilidad de «certificar y calibrar» los daños que se compensan en cada comarca. «Quien decide, a petición del delegado de Gobierno de cada zona, son los resonsables de Agricultura. El Ministerio ni entra ni sale ni tiene capacidad de opinión», zanjan.
En enero, Hacienda trasladó a la conselleria un escrito para que informara «desde la lealtad institucional» de la incidencia que había tenido en 2016 el clima adverso en la bajada de los rendimientos de los agricultores, siguiendo los criterios de cálculo establecidos por el Gobierno. Francisco Rodríguez Mulero, secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, subraya que 45 técnicos recopilaron los porcentajes de afección en la producción de cada cultivo de las agencias comarcales y los cotejaron con información de AEMET y otros organismos, antes de estimar el índice de aplicación en cada caso.
La conselleria se reunió el 26 de enero con las organizaciones agrarias, a quienes pidió -tanto a nivel autonómico como provincial y comarcal- que remitieran su propio balance de daños en cada territorio, para completar el trabajo. Algunas lo hicieron y otras no. De ahí surgió un cuadro provisional de las rebajas fiscales planteadas que, de nuevo, fue trasladado a los sindicatos antes de ser remitido definitivamente al ministerio, cuya orden se publicó la primera semana de mayo. Mulero se muestra «sorprendido» por las críticas de AVA y la Unió de Llauradors y hace hincapié en que el proceso ha sido «transparente en todo momento» y abierto a que las entidades pudieran aportar el nombre de los municipios que consideraban que debían beneficiarse de las ayudas.
«No nos olvidamos de nadie»
La Conselleria de Agricultura, en cualquier caso, ha trasladado a Hacienda su desacuerdo con el método de cálculo empleado, un sistema que aplica la rebaja de módulos a aquellas zonas y cultivos que han sufrido un descenso de su producción a raíz de las adversidades climáticas como mínimo del 30% respecto a los tres años anteriores, en lugar de tomar como referencia un año climático normal en el que no se producen mermas de cosecha.
Mulero, que ve «perversa» la fórmula, sostiene que, si hay errores, Agricultura solicitará que se corrijan, pero insiste en que las organizaciones agrarias han tenido la oportunidad de garantizar la equidad de las ayudas durante el procedimiento. El secretario autonómico incide en que los datos remitidos a Hacienda se basan en «hechos ciertos de incidencias comprobadas y evaluadas por los funcionarios, que han hecho un gran esfuerzo para estudiar y realizar los informes y estadísticas» pese al complejo sistema. «No nos olvidamos de nadie», apostilla.
Los sindicatos sostienen que un gran número de localidades y cultivos sufren la «marginación» y el «agravio comparativo» e instan a las administraciones a rectificar los fallos antes de que concluya el plazo de presentación de las declaraciones de la renta, el 30 de junio. Entre los casos de discriminación más llamativos, citan localidades con peso en la citricultura valenciana como Gandia o Xàtiva.
