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Más de 25 años lleva el Museo de Bellas Artes San Pío V de Valencia en obras de mejora y ampliación, una situación verdaderamente inimaginable en cualquier lugar del mundo, si se hablara de una de las referencias museísticas de un país.

La decisión del Ministerio de Cultura de paralizar la última fase de las obras de ampliación del museo, que debería haber comenzado en 2011, no es sino poner en evidencia, por un lado, la falta de apoyo político ante la iniciativa, y, por otro, la falta de impuso social ante tal situación.

El proyecto de la remodelación comenzaba a fraguarse a finales de los años 80, durante el primer gobierno socialista y una vez que el Ministerio de Cultura accedió a transferencia de su gestión a la Administración autonómica. En lugar de afrontar un proyecto global, se decidió hacer por fases. La primera de ellas consistió en la construcción de dos salas de exposiciones temporales, ubicadas en el edificio noble. La segunda y tercera consistieron en la reconstrucción de la cúpula -hoy acceso principal-, así como en la construcción del edificio que recae en la avenida de San Pío V. La cuarta fase, en realidad, debería haber contemplado tanto la que se ejecutó como la que ahora queda pendiente. Ministerio y Generalitat Valenciana, en su día, acordaron que cada una de las instituciones se harían cargo de las fases del proyecto.

Doce millones de inversión

La inversión global hasta ahora es ridícula si se atiende a otros gastos y fastos. No en balde el dinero invertido hasta ahora en las obras del museo no debe haber superado los 12 millones de euros.

La ejecución de la cuarta y quinta fase que, por un lado, consistía en la construcción de nuevas salas partir de la cúpula principal y, por el otro, de la rehabilitación del edificio noble -actual Academia de Bellas Artes de San Carlos y sede de las colecciones del siglo XIX- quedó disgregada por una decisión política. Coincidió con la llegada del PP al gobierno central. El gobierno socialista que tenía a Carmen Alborch como ministra de Cultura, dejó zanjado, presupuestado y atado toda esa fase con un coste de 1.200 millones de pesetas.

La excusa dada por el Gobierno, con entonces Esperanza Aguirre en la cartera de Cultura, fue que no le gustaba la solución que los arquitectos habían dado a la denominada sala Laporta. Sin embargo, de lo que se trataba era de apartar del proyecto a uno de los autores de la intervención: el arquitecto Manuel Portaceli, creador de la entonces polémica rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto.

Así que el gobierno dejó de lado el proyecto. Eso sí, se ejecutó una de las partes. Y así hasta hoy.

Durante todos estos años, lo único que ha existido ha sido un continuo tira y afloja entre la generalitat Valenciana y el Ministerio de Cultura sobre quién debería sumir el coste, los plazos de ejecución de las obras o las necesidades futuras del museo. Todo ello, una infinidad de trámites burocráticos para no llegar a ningún lado.

Sin embargo, hace unos años el proyecto se desbloqueaba coincidiendo con la paulatina degradación de un edificio que se cae a pedazos, tiene goteras, ha estado amenazado por las termitas y no ofrece ningún tipo de condiciones para una colección de su naturaleza.

El Ministerio de Cultura, finalmente, sacaba a concurso público de ideas la realización de la quinta fase, que gana el arquitecto Álvaro Gómez-Ferrer, autor junto a Portaceli de las fases previas. Su proyecto plantea un edificio acristalado que recae a los Jardines de Viveros; sería éste el acceso principal, que sería subterráneo, así como contempla otros servicios y la rehabilitación del inmueble. Su coste está estimado en los 17 millones de euros. El proyecto ya habría superado su último trámite burocrático y estaba pendiente de su adjudicación. Así, estaba previsto realizarse entre 2011 y 2013, pero la sorpresa llegaba esta semana cuando el Gobierno que había desbloqueado el proyecto lo volvía a bloquear sine die, retirando de los presupuestos generales la inversión que ya estaba en los de 2010.

El agravio no es sólo con la sociedad valenciana -que vive pendiente de este proyecto, único que le quedaba al Ministerio-, sino también con con la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, que ocupa el edificio afectado. Se da la circunstancia de que el 80% de la colección es de su propiedad, a pesar de que la titularidad del museo sea del Ministerio de Cultura.