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En un momento en el que las arcas públicas tiemblan por la ausencia de liquidez, el Consell Valencià de Cultura (CVC) parece haberse convertido en una especie de agencia de colocación de cargos públicos o políticos sin destino. Y eso que cuesta en torno a los dos millones de euros al año.

Las posibles incorporaciones de las exdiputadas Ana Noguera o Gloria Marcos, ambas en las quinielas a la vista junto a otros profesionales relacionados con la administración popular como Felipe Garín o Eduard Mira, no hace sino cuestionar el verdadero sentido de una institución que nació con la idea de ser voz de la conciencia de la Generalitat y su máximo órgano de consulta y tuvo en su día visos de cierta independencia. Puede que lo primero se produjera en los primeros años de su andadura o incluso en el ecuador de su historia, pero después sólo ha pasado a ser un núcleo de confrontación política, reparto de parcelas de poder o pago de favores prestados, como sucedió con los sectores más regionalistas durante las negociaciones del pacto lingüístico y la creación de la Academia Valenciana de la Lengua.

Sin embargo, el escaso interés manifestado por la Generalitat ante esta institución lo demuestra los seis años que ha tenido bloqueada su renovación, el apenas caso que efectúa de sus informes o incluso la ausencia de encargo por parte de la propia Administración autonómica. Y eso que el CVC es una institución reconocida en el Estatuto de Autonomía.

Sin embargo los datos son objetivos. El Consell de Cultura apenas realizó en 2010 treinta y siete informes-1,7 de promedio por cada miembro y no todos los hacen- de los que un 30% fueron realizados por iniciativa propia. Del resto, un 24% fue solicitado por las entidades privadas y el 43% restante por organismos públicos. La mayoría-70%- estuvieron relacionados con el patrimonio cultural, el 14% con el medio ambiente y el 16% con la promoción cultural.

De hecho, la casi mayoría de los informes solicitados por las instituciones públicas están relacionados con las declaraciones de Bien de Interés Cultural (BIC), algo preceptivo que obliga la propia Ley de Patrimonio Valenciano. Sin embargo, esta ley también reconoce a las universidades y sobre todo a la Academia de Bellas Artes de San Carlos como una instituciónes obligatorias a la hora de las declaraciones de BIC, pero con la diferencia de que la Academia de San Carlos no cobra de la administración valenciana por estos informes.

No es el caso del CVC, una institución cuyas funciones y sobre todo peso institucional ha ido diluyéndose a lo largo de los años, pese al elevado coste de su funcionamiento, la sede de que disfruta o el personal con que cuenta. Sin ir más lejos, en 2010 sus miembros celebraron 96 reuniones por las que cobraron su correspondientes dietas y gastos de desplazamiento.

Pese a ello, la prueba del escaso reconocimiento ante las administraciones públicas es la consideración que han tenido, por ejemplo, tres importantes informes elaborados en 2010 y relacionados con el Plan del Cabanyal, la reforma de la Gran Vía o el futuro de la Alameda de Valencia. Los tres acabaron guardados en un cajón.