El traslado de la Dirección General de Patrimonio y de la Secretaria Autonómica de Cultura, así como de los funcionarios adscritos a sus departamentos a San Miguel de los Reyes, sería alegal e incumpliría el acuerdo suscrito en su día por el Ayuntamiento de Valencia y la Diputación—titulares del edificio—con la Generalitat para su cesión a la administración autonómica.

El convenio gracias al cual se rehabilitó este edificio construido sobre una antiguo monasterio de la Orden del Císter a instancias del Duque de Calabria y su mujer, Germana de Foix, para que sirviera como mausoleo de la pareja, contemplaba su único uso como Biblioteca Valenciana, la misma que nacía gracias a las donaciones de sus bibliotecas personales de algunos de los prohombres valencianos como Nicolau Primitiu y que hasta su construcción se conservaban en la Biblioteca Pública de Valencia.

Esta es la segunda decisión de envergadura y contradictoria, también cuestionada desde diversos sectores culturales, por parte de la consellera de Cultura, Lola Johnson y su secretario autonómico de Cultura, Rafael Ripoll— ha pasado a ocupar el despacho principal del edificio— pese a su breve estancia en el cargo.

El primero fue el nombramiento de Paz Olmos como directora del Museo de Bellas Artes de Valencia, San Pío V, sin convocar la plaza, como así estima una sentencia, y no disponer del perfil adecuado.

Los funcionarios ya han comenzado a desplegarse por San Miguel de los Reyes lo que ha obligado al cierre de algunas de sus instalaciones destinadas a la Biblioteca Valenciana. Tal como este diario denunciaba hace unos días, el Colegio de Bibliotecarios ha presentado un escrito en Cultura advirtiendo del riesgo que corren los documentos y libros que allí se conservan con su reconversión en sede de oficinas y los impedimentos que va a suponer para su sistema robotizado.

Además, otras fuentes han advertido de que el edificio no reúne condiciones eléctricas, ni telemáticas para el volumen de personal previsto.

Según fuentes consultadas por este diario, los funcionarios van aser ubicados en una zona próxima a las celdas, espacio donde se conservan las colecciones. El riesgo es máximo por el trasiego de personal que San Miguel va a tener a partir de ahora.

Se da la circunstancia de que la seguridad del edificio, según diversas fuentes consultadas por este diario, ha sido reducida a la mitad debido al estado en que se encuentran las arcas de la administración autonómica.

El destino del monumento como sede bibliotecaria fue decisión del primer gobierno popular de Zaplana después de que se desestimara el plan socialista de ubicarla en el Convento del Carmen o en el Asilo San Juan Bautista.