El Gobierno incrementa la garantía de los depósitos bancarios hasta 100.000 euros

Los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) acordaron ayer elevar a 50.000 euros la garantía mínima de los depósitos en caso de quiebra de una entidad, aunque la mayoría de los países, entre ellos España, lo subirán hasta 100.000 euros. La ministra francesa de Finanzas, Christine Lagarde, explicó en rueda de prensa que los países más pequeños de la Unión tenían dificultades para pasar de los 20.000 euros de garantía actuales hasta los 100.000 euros que proponía la Comisión Europea. "Hay que tener en cuenta la diversidad" de situaciones dentro de la UE, señaló Lagarde.

Por parte española, el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, recalcó que la garantía de 50.000 euros es "para todos", pero agregó que España, igual que la mayoría de socios, ha mostrado su preferencia "por poner 100.000 euros como mínimo", tal como confirmó por la tarde el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En España, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) cubre un máximo de 20.000 euros.

Por otro lado, los ministros de Economía reiteraron ayer que no dejarán que quiebre ningún banco comunitario como consecuencia de las actuales turbulencias y pactaron una serie de principios comunes para rescatar a las instituciones financieras en dificultades, entre ellas limitar las indemnizaciones que cobren los directivos despedidos y hacer que los accionistas carguen con las consecuencias de la intervención. Para garantizar la estabilidad financiera, los ministros de Economía consideran "apropiado" recurrir a medidas como la recapitalización de los bancos más vulnerables. Los Gobiernos deberán poder cambiar a los directivos de un banco intervenido. Finalmente, los ministros de Economía coinciden en que deben protegerse los "intereses legítimos" de los competidores de los bancos intervenidos y deben evitarse "efectos negativos de contagio". Los ministros no lograron alcanzar un acuerdo sobre la nueva norma europea para reforzar la solvencia de las aseguradoras por las discrepancias en cómo debe organizarse la supervisión de los grupos transnacionales.