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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, acordaron ayer, durante su primera reunión formal desde hace año y medio, en el Palacio de la Moncloa, una reforma del sistema financiero que, en suma, va a suponer una auténtica revolución en el mapa y la naturaleza de las cajas de ahorros. Al encuentro llegaron precedidos por las respectivas reuniones que mantuvieron con el nuevo presidente de la patronal de las cajas, la Ceca, Isidre Fainé, en las que el también máximo dirigente de La Caixa les instó a acometer una reforma urgente del sector, cada vez más acogotado por las dificultades para capitalizarse, un problema que se está agravando con el encarecimiento de la deuda española por influjo de la crisis griega. A ello se añade la espada de Damocles del 30 de junio, cuando finaliza el plazo de las ayudas del Frob, sin que se haya avanzado de manera relevante en la concentración de cajas.

El acuerdo entre Zapatero y Rajoy se sustancia en reformar en el plazo de tres meses la Lorca, la ley que regula al sector, y en agilizar las fusiones antes de que acabe el Frob. Esos tres próximos meses serán decisivos para determinar los cambios legales, porque ayer Rajoy y Zapatero no concretaron en exceso. Sí lo hicieron en una cuestión básica: la nueva ley permitirá que las cuotas participativas tengan derechos políticos. Era la demanda básica de las grandes cajas, porque las actuales cuotas, sólo emitidas por la CAM, no los contemplaban. Esta medida, tendente a facilitar que las cajas tengan las mismas posibilidades de acceder capital que los bancos, supone que el dinero privado entrará en las entidades de ahorro con todas las consecuencias. Se llevarán la parte correspondiente del beneficio -habrá menos dinero para obra social- y, sobre todo, tendrán derecho a participar en sus órganos de gobierno.

Como el propio Rajoy admitió ayer en rueda de prensa, está por fijar cuál será el porcentaje final que se destinará a cuotas, si bien en algunos ámbitos se apunta a un 45% y no falta quien adelante que al final -no ahora- se llegará a un 100% (privatización total) para alegría de los bancos, a quienes se tiene como los principales inversores. El porcentaje que sea deberá restarse al que tienen ahora los representantes políticos (50% en la Comunitat Valenciana), de los clientes o los trabajadores. La patronal de las cajas ya ha pedido públicamente que la presencia política se reduzca al 25%. Ésta será otra cuestión a reformar en la Lorca. Aunque no lo dijeron expresamente, el otro asunto clave todo indica que sería devolver al Banco de España en exclusiva las competencias de tutela que ahora comparte con las autonomías y que son el gran impedimento (por el veto de algunos gobiernos) a las fusiones interregionales. El asunto es espinoso porque podría implicar conflictos de inconstitucionalidad, como los que ya ha suscitado el Frob. Mientras en Bancaja optaron ayer por el silencio, fuentes de la CAM, informa David Navarro, apuntaron que, en efecto, la reforma legal facilitará ese tipo de uniones no sólo en el caso de la caja alicantina -querida por Caja Madrid- sino en el de todas las demás. Zapatero dejó ayer claro que, de las 45 entidades actuales, quince están en procesos de fusión, otras quince deben emprenderlos ya y las restantes no lo necesitan, caso en el que se ha postulado estar Bancaja.