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Hacienda pone la lupa en parados, empresas en quiebra y divorciados

Los técnicos del fisco denuncian "situaciones disparatadas" y piden al Gobierno que se centre en combatir la economía sumergida y el gran fraude

 

VÍCTOR ROMERO VALENCIA Si se queda usted en paro, no puede pagar la hipoteca y el banco subasta su casa para recuperar la deuda es muy probable que, encima, la declaración de la renta le salga a pagar. Esta "situación disparatada" fue puesta de relieve ayer por la asociación de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Ghesta), que denunció que el Gobierno no está adaptando el "modus operandi" de la inspección fiscal a la actual coyuntura de crisis económica y financiera. "Sigue investigando a los colectivos más perjudicados en su economía mientras descuida otras vías de recaudación más eficaces y justas como la lucha contra la economía sumergida y los grandes defraudadores", afirma Ghesta. La asociación sostiene que esta actitud, que considera "equivocada, injusta e ineficiente" afecta en España a 2,6 millones de desempleados, divorciados y empresas en quiebra, entre otros colectivos. La Comunitat Valenciana es la tercera autonomía más afectada por este tipo de inspecciones, con 315 personas y empresas en situación desfavorable susceptibles de caer bajo la lupa de Hacienda.
Los casos "disparatados" a los que se refieren los técnicos de Hacienda son producto de la forma de funcionar en otras épocas y que ahora arrojan resultados muy distintos. Por ejemplo, si una persona pierda su vivienda al no poder pagar su hipoteca y el precio de la subasta, incluidos los intereses moratorios, indemnizatorios y costas, supera el precio escriturado de la vivienda, Hacienda considera que el desalojado "ha obtenido una ganancia patrimonial" y le exigirá entre un 19% y un 21% de la diferencia. Según los últimos datos del INE, en el primer trimestre de 2010 las quiebras familiares aumentaron un 4,6% en términos interanuales. Otra circunstancia similar se produce en los divorcios si uno de los cónyuges solicita una hipoteca para pagar a su ex pareja la mitad de la vivienda. Al ex cónyuge que ha vendido se la imputa también una ganancia patrimonial y Hacienda le reclama entre el 19% y el 21% de la diferencia sobre el 50% del precio de la escritura.
Otra circunstancia injusta se produce con las prestaciones por desempleo, que normalmente se producen sin retenciones. En muchas ocasiones, cuando se supera el límite de la obligación de declarar a Hacienda, al desempleado le toca devolver dinero al fisco. Una situación similar se produce con las empresas en quiebra que llegan a acuerdos con los acreedores para realizar una quita sobre la deuda o entrega bienes en dación de pago. Hacienda imputará a la sociedad en concurso de acreedores un "beneficio a distribuir en varios ejercicios" que tributa en el Impuesto de Sociedades.
Frente a estas situaciones propias de tiempos de crisis, Ghesta reclama al Gobierno que para equilibrar las cuentas públicas reoriente la actuación inspectora para hacer eficaz la lucha contra la economía sumergida y los grandes defraudadores "en lugar de poner la lupa contra los colectivos más perjudicados por la crisis y realizar drásticos recortes sociales". Según los técnicos de Hacienda la economía española tiene 245.000 millones de euros que escapan al fisco, el 23,3% del PIB. Ghesta cree que con otra forma de investigar se podrían recaudar hasta 38.000 millones de euros adicionales cada año.

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