El SIP liderado por Caja Madrid y Bancaja, junto a otras cinco entidades pequeñas, tendrá una vigencia de al menos 15 años, aunque sus promotores no descartan que la fusión sea total para evitar los costes del "divorcio". Así se expresaron ayer los presidentes de Caja Madrid y Bancaja, Rodrigo Rato y José Luis Olivas, respectivamente, en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander. Rato no quiso adelantar cuál será la estructura final que adoptará lo que en principio es una "fusión fría", aunque sí dijo que la separación requeriría de dos años de preaviso y tendría "un coste significativo". "Un divorcio muy caro", en palabras de Olivas.
El SIP tendrá que abonar cada año unos 300 millones de euros en concepto de intereses por los casi 4.500 millones que han demandado al Frob, el fondo de ayudas públicas que debe devolverse en el plazo de cinco años y que conlleva unos tipos del 7,75%. Al respecto, Rato aseguró que los intereses se pagarán sin problemas con las sinergias fruto de la integración, que derivarán en el cierre de unas 500 oficinas y en la reducción de plantilla mediante prejubilaciones, que podría afectar a 3.400 personas. Asimismo, Bancaja provisionó el año pasado de forma extraordinaria 1.000 millones y Caja Madrid. entre 1.500 y 1.700 millones.
Ni Rato ni Olivas descartaron que alguna otra caja se pueda sumar al grupo, pero dijeron que de momento no hay ninguna previsión de nuevas incorporaciones, aunque "no se cierran" a estudiar las oportunidades que puedan surgir. Preguntado sobre el efecto que tendrá el SIP en los acuerdos comerciales que Caja Madrid y Bancaja mantienen con las aseguradoras Mapfre y Aviva, respectivamente, Rato dijo que será tema de discusión del nuevo consejo, en el que tendrá que primar "el interés del grupo en su conjunto".
Por su parte, Olivas, afirmó que la "desconfianza absoluta" que presentan en la actualidad los mercados hacia las entidades financieras, con el consiguiente cierre del interbancario, y el riesgo de deuda soberana de los países es como "una tormenta perfecta", por la que habrá que transitar al menos durante varios trimestres. En este escenario de dificultades, el presidente de Bancaja abogó por que los nuevos requisitos de capital que nazcan de Basilea III establezcan un periodo transitorio para no "encorsetar" a las entidades financieras. Por otro lado, afirmó que será "difícil" que las cuotas participativas con derechos políticos sean la solución para una mayor capitalización de las cajas. "Creo que hay que ir a decisiones mucho más imaginativas y acordes con las exigencias del mercado y las necesidades actuales", dijo y no descartó que las cajas se conviertan en sociedades anónimas de las que la fundación sería el principal accionista y el que realizaría la obra social con el dividendo obtenido.
Rato afirmó que los "errores estratégicos" tomados por las cajas en los últimos años deben ser corregidos, lo que conllevará una reducción de empleados y de oficinas. Asimismo, dijo que desbancar a La Caixa como primera caja tiene dos cosas: "una buena y otra distinta". "La buena es que ser el mas grande no está mal, la distinta es que no sé cuanto va a durar", concluyó.
La Ceca pide un régimen fiscal que no penalice a los SIP
La patronal de las cajas de ahorros, la Ceca, pidió ayer a Hacienda un régimen fiscal que no penalice a los SIP (fusiones virtuales) que están configurando algunas entidades, entre ellas Bancaja y la CAM. La Ceca proponen exenciones en el Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados y tributar el IVA en el régimen especial de grupo de entidades. Por otro lado, el director general de la organización, José Antonio Olavarrieta, rechazó ayer en Santander el establecimiento de una tasa bancaria para el sistema financiero español. levante-emv valencia
Castilla y León avisa a Ávila y Segovia de que ejercerá el veto
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, avisó ayer a Caja Ávila y a Caja Segovia, integradas en el SIP con Caja Madrid y Bancaja, de que, aunque respetará su autonomía, ejercerá las competencias que le otorga la Ley de Cajas autonómica, que prevé el derecho a veto sobre operaciones de integración interregionales. El presidente autonómico recordó a los dirigentes de Caja Ávila y Caja Segovia que hace unos dos años rechazaron integrarse en un SIP con el resto de cajas de Castilla y León, a propuesta de los partidos políticos. puntualizó que entonces argumentaron que podían seguir solas su camino financiero y que ahora han optado por un SIP con otras entidades con "unas proporciones muy pequeñas".
