El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha aprobado por unanimidad en una sesión plenaria un dictamen en el que se insta a la Comisión Europea (CE) a adoptar medidas "urgentes, concretas y tangibles" para proteger el papel del agricultor en la cadena alimentaria.
El dictamen, basado en las conclusiones alcanzadas el pasado mes de junio en Valencia, en una j0rnada internacional auspiciada por AVA-Asaja, en la que participó el CESE, constata la existencia de "prácticas desleales y anticompetitivas" y la "presión a la baja en los precios percibidos por los agricultores", a los que considera el eslabón más débil de la cadena alimentaria.
El dictamen -aprobado por 125 votos a favor, 5 abstenciones y ninguno en contra- reconoce gran parte de las conclusiones de la reunión de Valencia, como la "falta de transparencia del mercado", el desquilibrio en la negociación y las prácticas contrarias a la competencia.
Pero lo más novedoso es que, por primera vez, se recomienda a Bruselas la adopción de medidas concretas para poder abordar el problema con ciertas garantías y evitar una excesiva fluctuación de los precios.
Entre otras cosas se crear un órgano con poder sancionador que verifique el cumplimiento de los compromisos -no observatorios sin poder decisorio, como hasta ahora-y que estos se plasmen en "contratos por escrito con cláusulas obligatorias" a las que se deben someter tanto el agricultor, como el resto de los componentes de la cadena alimentaria.
Otro de los puntos fundamentales del dictamen es la promoción de "seguros de ingresos", parecido a los que suscriben con los cereales en Estados Unidos, que permitan al agricultor tener garantizado un mínimo de subsistencia ante los posibles abusos de "posición dominante" y de las prácticas desleales". Para la puesta en marcha de este seguro, se aconseja la creación de un fondo con aportaciones económicas comunitarias, de los estados y de las autonomías que incentiven su creación.
Competencia
Por último, el CESE propone "una adaptación y armonización" de las normas de la competencia a nivel nacional y comunitario" que contemple las peculiaridades del sector agrícola. Esta propuesta pretende evitar que cuando se hagan estimaciones sobre el coste mínimo que ha de recibir el productor para garantizar su supervivencia, los organismos de la competencia no lo interpreten como prácticas contra el libre mercado-.
Para el presidente de AVA-Asaja, Cristobal Aguado, el dictamen marca un antes y un después en las relaciones entre agricultores y distribuidores. "Por primera vez se habla fuerte y con contundencia en Europa", señaló a Levante-EMV. El presidente de AVA precisó que Bruselas tiene ahora en su mano eliminar "prácticas tan instaladas en el campo valenciano como la "venta a resultas" -sin precio- y los abusos de los grandes grupos de comercialización, que prácticamente canalizan el 70% de la producción hortofrutícola.
