El debate abierto en España y otros países de la Unión Europea (UE) sobre la necesidad de retrasar la edad de jubilación, propuesto por diferentes Estados y grupos de expertos en economía ante el incierto futuro del sistema público de prestaciones, se acentúa mientras año tras año se dispara el gasto de la Seguridad Social. A lo largo del último ejercicio, el desembolso del instituto público en prestaciones se elevó a 9.070,3 millones de euros, una cifra que corresponde sobre todo al pago de las 890.000 pensiones contributivas que perciben los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. Dado el ritmo de crecimiento de las prestaciones esa cifra podría cerrar el período en torno a los 10.000 millones de euros, lo que supone casi un 9% del Producto Interior Bruto (PIB) anual que genera la autonomía.
Esta desorbitada cantidad dineraria destinada al pago de prestaciones sociales para las clases pasivas (pensiones) es difícilmente sostenible dada su elevada proporción respecto a la riqueza que genera la economía. El montante del gasto en prestaciones de la Seguridad Social es algo inferior al que genera por ejemplo el sector turístico de la Comunitat Valenciana, que representa al alrededor del 13% del PIB autonómica y aporta unos 15.000 millones de euros a la riqueza autonómica.
Pensiones contributivas
Las pensiones contributivas, ahora congeladas por el Gobierno entre otras medidas para atajar el déficit, han tenido hasta este verano una revalorización del 3,5% respecto al año anterior. La cuantía media del sistema de la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana fue de 715,86 euros, frente a los 884,97 euros de la medida de España. El problema es que mantener estas prestaciones ha supuesto aumentar estas partidas del gasto de la Seguridad Social hasta un 53,3% en términos acumulados desde el año 2002, según constata una estadística oficial del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
También indica que la cifra de los pensionistas y los parados (medio millón son valencianos y con un nivel de cobertura social del 70%) casi iguala a la de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Así las cosas, la Comunitat Valenciana, castigada por el desempleo desde el estallido de la burbuja tecnológica, apenas tiene 49.000 cotizante más que receptores de prestaciones sociales. Además, hay que tener en cuenta que, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), dentro de diez años habrá un 30% menos de jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años.
A pesar del esfuerzo de austeridad, las cuentas de la Seguridad Social para 1011 incluyen una partida global para España de 124.408 millones de euros, con un superávit de 4.579 millones. El gasto en pensiones contributivas crece un 3,95%; en bienes y servicios cae un -14,48% y las retribuciones de personal, un -4,21%. Las pensiones mínimas tendrán una subida del 1%.
A la vista de la situación, la reforma, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que aglutina a varios investigadores del llamado grupo de "los Cien" -que reclamaron una reforma laboral para implantar una modalidad de contrato único- es "inevitable" porque la ratio entre la población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años) y la población mayor de 65 años pasará de, aproximadamente, 4 en la actualidad a 1,65 en 2050. Incluso con una tasa de empleo del 70%, más de diez puntos superior a la actual, ello significaría que habría 115 trabajadores por cada 100 jubilados, lo que implica una tasa de dependencia que duplicaría a la actual. Organismos públicos y privados (como la Comisión Europea o el Ministerio de Trabajo entre otros) coinciden en que, en ausencia de reformas, el gasto en pensiones prácticamente se duplicará en las próximas décadas, pasando del 8% del PIB actual a más del 15% en 2050. Como se recordará, este grupo de expertos propuso que la pensión de jubilación tendría que ser proporcional a las cotizaciones realizadas a lo largo de toda la vida laboral.
Mientras tanto, las propuestas que se actualmente se están discutiendo en la comisión del Pacto de Toledo, pasan por elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años, y la mínima de 61 a 63; elevar el mínimo de cotización a la Seguridad Socia de 15 a 20 años, y también el período de cómputo para cuando los trabajadors se jubilen, establecido ahora en los últimos 15 años, y que la agrupación de economistas plantea se extienda a toda la vida laboral que mantienen los trabajadores.
El Pacto de
Toledo estudia vías alternativas para la financiación
Recurrir a los impuestos generales para financiar las prestaciones contributivas tampoco resulta recomendable. Así, la Comisión del Pacto de Toledo defiende que la financiación de las prestaciones contributivas se realice exclusivamente mediante cotizaciones sociales, mientras que las aportaciones del Presupuesto del Estado han de cubrir las prestaciones no contributivas, los complementos de mínimos (a partir del 31 de diciembre de 2012), la sanidad, los servicios sociales y las prestaciones familiares. En segundo lugar, para hacer frente al aumento del gasto, sería necesario aumentar significativamente los impuestos generales, tanto sobre la población en edad de trabajar como sobre la propia población jubilada de España.
