Caja Mediterráneo deberá cerrar alrededor de 140 oficinas, aproximadamente el 14,3% de su red actual, dentro de los recortes previstos por la puesta en marcha del sistema institucional de protección (SIP) junto a Cajastur (que también aporta Caja Castilla-La Mancha), Caja Cantabria y Caja Extremadura. Así se puso de manifiesto ayer durante la nueva reunión que mantuvieron los representantes de estas entidades y los sindicatos CC OO, UGT, Csica y Csif para la negociación de un acuerdo laboral conjunto para el grupo.

Así, fuentes conocedoras de la situación, señalan que el SIP tiene previsto suprimir un total de 405 sucursales. De ellas, unas 140 pertenecen a la red de la CAM. Cajastur y CCM cerrarán unas 110 oficinas cada una; Caja Extremadura se desprenderá de 25, y Caja Cantabria de 20. Aunque la entidad alicantina es la que sufrirá un mayor número de cierres en términos absolutos, en proporción el mayor esfuerzo corresponderá a la caja asturiana y su filial manchega ya que su red actual es mucho más reducida (ver tabla).

En este sentido, hay que recordar que la CAM ya venía aplicando un plan de reestructuración para eliminar el exceso de capacidad instalada que adquirió durante los años del auge inmobiliario. Así, desde diciembre de 2007 la entidad que preside Modesto Crespo ya se ha desprendido de 180 oficinas, al pasar de 1.157 a las 977 actuales.

Se estudiará caso por caso

No obstante, las citadas fuentes señalan que estas cifras son sólo una primera aproximación y que se concretarán más en las próximas semanas. De hecho, los socios del SIP tienen previsto constituir un comité en los próximos días para analizar los números de todas las sucursales y decidir exactamente cuáles dejarán de operar en base a su eficiencia, la cercanía a otras oficinas o sus posibilidades de futuro.

Por otra parte, los representantes de las cajas realizaron ayer una nueva oferta a los sindicatos sobre las prejubilaciones con las que el grupo pretende reducir en unas 2.000 personas su plantilla actual, de unos 14.000 trabajadores. La propuesta supone que los empleados que aceptaran la prejubilación percibirían un 80% de su salario bruto hasta los 64 años, siempre que esta cantidad no supere el 95% del salario neto actual -lo que realmente ingresan cada mes en sus cuentas- de los afectados. La oferta inicial era de un 75% hasta los 63 años.