Pagarés a la medida. Así, al menos, lo consideran algunos bufetes de abogados que están recibiendo las reclamaciones de personas que decidieron depositar su confianza e invertir en Nueva Rumasa. De hecho, han llegado casos de afectados -en total se considera que hay alrededor de cinco mil- en que se han llegado a hacer hasta siete divisiones; "Vienen a ser como trajes a medida para poder recoger el dinero. No hay un mismo patrón, lo que va a complicar las reclamaciones", señaló el portavoz de un bufete de Barcelona con el que han contactado alrededor de un centenar de personas.

La situación, además, se puede complicar para los inversores, entre los que han comenzado a aparecer los primeros casos en la Comunitat Valenciana -media docena- como consecuencia de la investigación que de forma paralela sigue la Fiscalía Anticorrupción desde hace casi un año, pero que no se conoció hasta ayer.

Santiago Viciano, de V-Abogados, considera que con la vía penal abierta, aunque no afectará a los acreedores, sí podría dilatar el ya complejo proceso de las reclamaciones de los poseedores de pagarés.

Anticorrupción investiga el destino de estos documentos. La primera emisión se inició en febrero de 2009, a través de Carcesa, y permitió captar alrededor de 70 millones de euros, que en teoría habría facilitado la adquisición de siete compañías: Quesería Menorquina, Cadysa y cinco hoteles en Mallorca (2), La Palma (2) y Tenerife (1).

La segunda emisión se hizo a través de Hibramer; la tercera, de Maspalomas Hoteles y la cuarta tuvo que ser suspendida por Nueva Rumasa al obligar un cambio legal a que intervinieran intermediarios autorizados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Anticorrupción, que pidió la colaboración de la policía, sospecha que el dinero, por el que se llegaba a ofrecer hasta un 8 % de rentabilidad, se podría haber destinado a fines diferentes a la adquisición de empresas, tras una denuncia presentada por la Agencia Tributaria que, al parecer, se centra en un presunto delito de estafa, no de blanqueo de capitales, como se había sugerido.

Por otra parte, dos bufetes de abogados consultados por Levante-EMV insistieron en que habían atendido casos de inversores con pagarés que habían vencido y que la gente no había cobrado, en contra de lo que sostiene la portavoz de Nueva Rumasa, que señaló a este periódico que se habían abonado todos.