¿Quién se queda la diferencia de precio de un producto desde que sale de las manos del agricultor hasta que llega a las estanterías de los comercios Hasta ahora se habían analizado las diferencias existentes entre lo que cobraba el productor y lo que pagaba el consumidor por el mismo producto, pero la incógnita permanecía en cuanto se llevaba cada actor de la cadena alimentaria. De hecho, el último informe del Índice de Precios Origen Destino (IPOD) correspondiente al mes de marzo desvelaba que las diferencias del campo a la mesa llegaban, en determinados productos, a multiplicarse hasta por nueve.

Un estudio realizado por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA)-Asaja, pone nombre, apellidos y cifras a cada uno de los participantes en la cadena agroalimentaria y la conclusión no puede ser más clara: más de la mitad del precio de venta al público de las hortalizas -que son los productos analizados- se queda en manos de los distribuidores. Una conclusión, además, que podría ser aplicable a cualquier otro producto hortofrutícola, salvando las diferencias propias de que cada alimento presenta unas características de recolección, transporte, conservación y venta diferentes.

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El informe elaborado por AVA, utilizando los datos del Observatorio de Precios del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARMM) analiza el comportamiento de la cadena alimentaria en siete hortalizas clave entre los años 2004 y 2010.

El resultado global obtenido indica que del precio final el agricultor percibe el 30 %, el mayorista o intermediario el 16 % y el punto de venta el 55 %; porcentajes que oscilan teniendo en cuenta el producto.

Diferencias pronunciadas

En algunos artículos como la cebolla, las diferencias son mucho más pronunciadas, dado que el agricultor se queda con el 19 % del precio del producto, mientras que el punto de venta obtiene el 70 % y el mayorista algo más del 11 %. Y hay que tener en cuenta, además, que en el caso de la cebolla se han registrado años en los que el productor ha llegado a cobrar por debajo del precio de coste mientras el punto de venta ha llegado a quedarse más del 80% del precio final. En 2009, por ejemplo, el productor cobró el kilo de cebolla grano de oro a 0,15 euros, mientras que el mayorista percibió 0,09 euros y el distribuidor se embolsó 0,84 céntimos. Resultado final: de los 0,15 céntimos por kilo de venta en el campo, el consumidor terminó pagando 1,08 euros.

La pregunta que se plantea a continuación es si está justificado el reparto de los porcentajes en la cadena agroalimentaria. En la distribución de papeles, el agricultor debe asumir los costes derivados de la producción: mano de obra en el campo, productos fitosanitarios, maquinaria, gasóleo, agua y electricidad. El mayorista debe hacerse cargo de los costes de la infraestructura que utiliza para prestar el servicio de intermediación entre el agricultor y el punto de distribución -normalmente en mercados al por mayor (Mercavalencia, Mercamadrid,...)-. Por último, el punto de venta soporta los costes del transporte, el local y la mano de obra para la venta.

Los papeles, sin embargo, han cambiado profundamente en los últimos años con el auge de las grandes empresas de distribución alimentaria -cadenas de supermercados o grandes superficies comerciales, como Mercadona, Consum, Eroski o Carrefour-, que llegan a sacar al mercado más de un tercio de la producción hortofrutícola total.

Estas empresas, que alcanzan un alto grado de concentración, acaban determinando la propia estructura de la cadena agroalimentaria, ya que negocian desde una posición privilegiada que les permite tener cierta preponderancia sobre los precios y las condiciones de llegada de los productos a las estanterías de los establecimientos.

Cambio de papeles

Además, han provocado un cambio en el papel de los mayoristas, a los que se les conocía habitualmente como los "intermediarios", ya que los grandes distribuidores suelen utilizar a sus propios operadores o centrales de compra, ya que necesitan planificar el abastecimiento coordinado de grandes cantidades en cientos de puntos de venta sin que se registren retrasos, deterioro de los productos y garantizar un tiempo de permanencia en las estanterías antes de la reposición, para mantener los criterios de rentabilidad adecuados y ajustar al máximo los precios.

Contratos homologados y referencia de precios

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA)-Asaja considera que el estudio de los precios "acredita las denuncias sobre los desequilibrios que determinan el funcionamiento de la cadena agroalimentaria" y señala que los beneficios se los aseguran todos "los actores que intervienen en esa cadena, salvo el agricultor, que en muchas ocasiones no llega ni a cubrir los costes de la producción". Por ello reclama la obligatoriedad de unos "contratos homologados" y que las instituciones que regulan la competencia "revisen sus criterios y permitan la adopción de acuerdos interprofesionales". También exigen medidas para "equilibrar las relaciones de negociación en la cadena de valor". Sobre este punto, además, ya se ha pronunciado la Unión de Consumidores de España (UCE), que ha reclamado que se ponga en marcha "una referencia media que regule las diferencias entre los precios de origen y destino de los alimentos" para evitar los desfases que se producen en la cadena agroalimentaria.