Gran parte de las indemnizaciones millonarias percibidas por los seis altos directivos de la CAM que se acogieron al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que está en marcha en la entidad desde finales de junio no tendría que ser declarada ante el fisco, dado que el importe exento de tributación sería el equivalente al de un despido improcedente de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades (3,5 años), de acuerdo con la nueva regulación del tratamiento fiscal de las indemnizaciones derivadas de ERE´s del año 2009. Las cantidades que excedan de se límite sí deben ser declaradas, pero tendrían una deducción del 40%.
Entre los seis directivos que salieron prejubilados de la caja en las primeras fases de aplicación del ERE suman una indemnización de alrededor de 13 millones, llevándose el mayor pellizco el exdirector general Roberto López, con cinco millones brutos (3,8 netos). Dos millones cada uno se embolsaron el director general adjunto, Agustín Llorca; el de participaciones empresariales, Joaquín Meseguer; el de recursos, Vicente Soriano, así como el director territorial de la zona norte, Gabriel Sagristá y el de inversiones inmobiliarias, Daniel Gil.
218.000 euros de media
Aunque el sistema de exención tributaria rige para el resto de prejubilados acogidos al ERE -hasta la fecha ya han salido casi la mitad de los 853 previstos-, las cantidades percibidas por los empleados de niveles inferiores es mucho más baja. De hecho, la indemnización media de los trabajadores acogidos al expediente, -excluidos los directivos- se sitúa en torno a los 218.000 euros brutos y una parte importante apenas supera los 100.000. Frente a estas cifras, los ejecutivos ya prejubilados percibieron una media de dos millones.
Los sindicatos con representación en la caja decidieron el pasado lunes reclamar a los administradores nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para la CAM información "mediante requerimiento notarial" sobre el sistema y cálculos de las indemnizaciones, así como de otros datos como el balance de las cuentas que recientemente presentaron los interventores y que reflejaba unas pérdidas de más de 1.100 millones y una tasa de morosidad del 19%, la más elevada del sector.
Además, los representantes de los trabajadores ya criticaron en su día el hecho de que los directivos y responsables de la gestión que ha conducido a la CAM a la situación actual: intervenida por el Banco de España y pendiente de ser vendida mediante proceso de subasta, fueran los primeros en acogerse al ERE.
