El destino nos conduce por caminos insondables. Hay quien se siente el más afortunado del mundo al lograr el último billete para coger un avión y solo luego, cuando se va a estrellar, comprende su mala fortuna. También hay quien se siente desdichado porque otro ha ocupado su plaza y al poco se hace creyente tras comprobar que aquel vuelo le conducía directo a la muerte. Salvando las evidentes distancias, algo de todo esto ha sucedido con la imputación de 33 exconsejeros de Bankia y su matriz el BFA. Hay cuatro exvocales, entre ellos el valenciano Juan Martín Queralt, que no han sido incluidos porque aún no habían llegado al cargo cuando la entidad presentó el folleto de salida a Bolsa que sirvió de guía a UPyD para presentar la querella que ya instruye el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu. Dice esta formación política que en algún momento del largo proceso que se avecina acabarán imputados. Se verá. Mientras tanto, el exdiputado socialista José Camarasa, y el exconcejal del PP en el ayuntamiento de Valencia, José Rafael García-Fuster, son sujetos pacientes estos días de su distinta suerte.
En un momento en que el caso Gürtel arreciaba sobre el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, los socialistas fueron laminados en la medida de lo posible en los órganos de gobierno de Bancaja. De hecho, el nuevo hombre fuerte por este partido desde enero de 2010, José Camarasa, fue alejado de la comisión ejecutiva e incluso no se le dio una vicepresidencia. Más tarde, cuando se constituyó el consejo del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), fruto de la fusión de siete cajas, entre ellas la valenciana, el presidente de la entidad y vicepresidente de la matriz de Bankia, José Luis Olivas, siguió los dictados de Camps y su partido y excluyó a Camarasa de entre los seis consejeros que Bancaja aportó a BFA. En su lugar, puso a Remigio Pellicer, un empresario del mueble que había llegado a la caja a propuesta de los socialistas. El entonces líder del PSPV, Jorge Alarte, montó en cólera. Antes de la reunión del consejo, llamó a Blanquerías a los consejeros socialistas para obligar a Pellicer a renunciar y para que todos votaran por Camarasa. No consiguió sus objetivos y Pellicer, que hizo valer el respaldo de las organizaciones patronales y el incuestionable hecho de que había sido designado por los socialistas, se salió con la suya. ¡Cuánto debe de alegrarse uno y maldecir el otro estos días!
El de García-Fuster es un caso aparte. Era miembro de la comisión de control de Bancaja. No había tradición en la entidad de que sus miembros fueran nombrados consejeros en sus participadas. El privilegio se reservaba para los miembros del consejo de administración. Pero este abogado con carnet del PP tenía un amigo muy poderoso: Francisco Camps. Cuentan las fuentes consultadas que en las semanas previas «torturaba» al entonces jefe del Consell con constantes llamadas para que intercediera por él ante Olivas. Cuentan también que fue el único favor que el presidente de la Generalitat pidió a su antecesor. García-Fuster logró sus propósitos, aunque luego no congeniara demasiado con el resto de sus colegas del consejo de BFA. No se conocen más pugnas. Rafael Ferrando, Antonio Tirado y Ángel Villanueva parecía cantado que acompañarían a Olivas y parece evidente que lo hicieron encantados. Otra cosa es cómo se sientan ahora.
Francisco Pons llegó a BFA/Bankia como vicepresidente en sustitución de Olivas en enero de este año. Apenas ha tenido participación en los grandes hitos que motivan la querella, pero está imputado. Su nombre surgió de una cena en Valencia entre el presidente de AVE, Vicente Boluda, el hombre fuerte de esa organización, Juan Roig, y el presidente de Bankia, Rodrigo Rato. Además de los cuatro meses que ha pasado en la entidad, según dicen haciendo un cursillo acelerado y muy intenso de banquero, con jornadas maratonianas y muchos viajes a Madrid, se desconoce si, internamente o expresado a los interesados, les ha reprochado a sus mentores el lío en el que le han metido. Algo parecido puede pensar el empresario Francisco Juan Ros respecto de Olivas. Como si no tuviera suficientes problemas con su grupo empresarial.
Futuro
Todos ellos afrontan un futuro incierto. Están imputados en la causa por la mayor «quiebra» financiera española. Ciudadanos, clientes y pequeños accionistas están que muerden con ellos, tengan más o menos culpa. Si son condenados, las indemnizaciones que les pudieran exigir probablemente estarán cubiertas por el seguro que tienen los consejeros de entidades financieras. Pero los costes judiciales correrán a su cargo. Fuentes de este sector aseguran que, en función del despacho de abogados al que recurran, el que llegue a juicio podría tener que hacer frente a unos 150.000 euros. No hay problema. La mayoría de ellos percibió del grupo bancario, solo en 2011, al menos el doble en remuneraciones.
Hay algunas excepciones, como el de la catedrática valenciana Araceli Mora, consejera de Bankia, que recibió 125.000 euros. En su caso y en el de alguno más, el peligro fundamental, según las fuentes consultadas, es que, en el caso de ser condenados, la sentencia incluya algún tipo de inhabilitación para ejercer como funcionario, porque en ese caso —siempre y cuando no sean sentenciados a cárcel— se podrían encontrar con varios años sin poder ejercer su trabajo.
