La producción energética española se prepara para recibir otro duro revés por parte del Gobierno en forma de una nueva tasa a la producción energética. Esta medida, enmarcada dentro de la reforma del sector eléctrico del Ejecutivo central, y que se suma a los varios recortes ya existentes en la financiación a dichas entidades, pretende recaudar unos 850 millones de euros y se hará efectiva a lo largo de la semana que viene. Para el sector, que adeuda a la banca un total de 15.000 millones de euros a nivel nacional, el nuevo gravamen, que tendrá efectos retroactivos, pone en grave riesgo la continuidad de muchas de las empresas del ramo, que no podrán afrontar las deudas adoptadas con la banca al ver reducidos hasta en un 20% sus ingresos.

Pese al carácter general de la medida, los efectos de la tasa serán aún más notorios entre los productores de energías renovables, cuya economía es incierta. Miguel Ángel Martínez Aroca, presidente de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), vaticinó que el gravamen será «la ruina» y que supondrá «la suspensión de pagos y entregar las plantas a los bancos» para «el 100% de los productores» del sector solar.

3.500 millones de deuda

En el caso de la Comunitat Valenciana, la tasa castigará con fuerza a los más de 300 parques solares existentes en una región que concentra a casi 5.000 instalaciones afectadas por la tasa. Actualmente, estas plantas fotovoltáicas adeudan a la banca unos 3.500 millones de euros, lo que supone el 23% del volumen del débito total del sector a los bancos. Según la Asociación Valenciana de Empresas del sector de la Energía (Avaesen), los ingresos de las mismas caerán entre un 14% y un 20%, según se trate de instalaciones que reciben la tarifa de la normativa de 2010 o las que se acogieron a la legislación posterior, respectivamente.

Marcos Lacruz, presidente de Avaesen, declaró que la tasa es en realidad un «impuesto encubierto» que pone en riesgo más de 4.500 empleos directos y la propia estabilidad del sistema financiero español, que puede verse desbordado por los impagos de las hipotecadas empresas energéticas.

El portavoz de la patronal autonómica aseguró que dicho recargo «reducirá la confianza extranjera para invertir en la región», y que el sector valenciano quedará «abocado a deslocalizar muchas de sus plantas en el extranjero» para sobrevivir. Por su parte, Anpier reunirá 500.000 firmas para enviar un proyecto de ley al Parlamento en pro de las energías renovables.