El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, admitió ayer que el Gobierno se ha visto obligado a recurrir este ejercicio, para pagar las pensiones, al fondo de prevención y rehabilitación después de que el pasado 25 de mayo se acordara habilitar sus activos financieros y el 4 y 24 de julio se emitieran dos resoluciones que autorizaban su uso efectivo. En este sentido, dijo que la resolución del 4 de julio autorizaba dos partidas de 1.700 millones cada una y la del 24, dos de 500 millones, de forma que en la actualidad queda algo más de 400 millones y que sigue creciendo por el excedente de las mutuas. Burgos se refirió también al Fondo de Reserva (la hucha de las pensiones) y reiteró que el objetivo es cumplir con los compromisos en materia de pensiones usando todos los elementos de gestión a su alcance y que dicho fondo es un elemento más.
El secretario de Estado se mostró preocupado por la repercusión que tendría en las cuentas de la Seguridad Social una posible subida de los precios por el pago de las pensiones, pero subrayó que el sistema "está preparado" para asumir desviaciones del IPC. "Nos preocupa pero nos ocupa", añadió, ya que cada décima de hipotética desviación "supone 200 millones de euros y un sobrreesfuerzo pero entra dentro de lo habitual en el sistema" que, según dijo, "se enfrenta a una proyección de inflación que se ve corregida sistemáticamente con el paso de los meses".
Otros mecanismos
Por otro lado, Tomás Burgos afirmó que no existe el compromiso por parte del Gobierno de acelerar la entrada en vigor de la edad de jubilación a los 67 años antes de 2027, como contempla la reforma laboral. Durante la rueda de prensa para analizar los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social en agosto, Burgos subrayó que no se ha producido compromiso "ni debate alguno" al respecto, precisó que fruto de la recomendación de la CE, el compromiso ha sido el incrementar la edad efectiva de jubilación y que para eso "hay otros mecanismos".
