La negativa del Ministerio de Hacienda de habilitar un nuevo plan de pagos destinado a desatascar las facturas acumuladas por las autonomías por obras y servicios correspondientes al ejercicio de 2012 puede llevar a la Generalitat a un nuevo callejón sin salida de morosidad. En apenas ocho meses (hasta agosto de este año) la pelota de impagos del Consell a sus proveedores se situaba ya en casi 1.000 millones de euros. La cifra se obtiene de los cuadros de ejecución presupuestaria de la Generalitat que el Ministerio de Hacienda cuelga periódicamente en su web. Los datos están actualizados hasta el octavo mes del año.
Según la estadística, la Administración que preside Alberto Fabra sólo había pagado 975,7 millones de euros de los 1.703 de obligaciones reconocidas dentro del capítulo dos, correspondiente a gastos corrientes en bienes y servicios. Esto significa que quedaban por pagar 727,6 millones. Este capítulo recoge el gasto de la Generalitat con sus proveedores de servicios, desde la tarifa eléctrica hasta los suministradores de material para el área de sanidad o educación. No incluye las partidas de farmacia o de dependencia, que se ubican dentro de las trasferencias corrientes. En este capítulo también había pendientes 456 millones hasta el 30 de agosto de este año.
El resto de las deudas estrictamente con proveedores salen del capítulo VI, el de inversiones reales. En los ocho primeros meses del año se habían reconocido obligaciones por 314,8 millones sobre unos compromisos de gasto de 548,8 millones. Sin embargo, de aquellas obligaciones apenas se había pagado 78 millones, el 24,77 %.
Los porcentajes de ejecución revelan las prioridades de la Conselleria de Hacienda a la hora de asignar los fondos. El departamento que dirige José Manuel Vela había afrontado el 99 % de los gastos de personal y el mismo porcentaje de los gastos financieros (los intereses que genera la deuda).
Por contra, el gasto corriente, las inversiones reales y las trasferencias de capital (ayudas a empresas privadas y públicas para que inviertan) registraban los porcentajes de ejecución más bajos. Las trasferencias corriente, donde se ubica el gasto en farmacia o dependientes, refleja que se habían abonado el 76,83 % de las obligaciones reconocidas, por lo que quedaban pendientes 456 millones de euros.
Descartado por el Ministerio de Hacienda un nuevo plan de pago destinado exclusivamente a liberar facturas de proveedores, la Generalitat tiene todas las esperanzas puestas en que la segunda fase del Fondo de Liquidez Autonómico le permita afrontar pagos.
El FLA no da para tanto
Es algo que se antoja complicado. Hasta ahora la Generalitat tiene autorizados 2.450 millones de euros del FLA de los que ha recibido 1.477 destinados a atender vencimientos de deuda. Otro 750 millones ha ido para cubrir gastos social y de farmacia. Quedan pendientes 312 millones que van a ser insuficientes para deshacer la pelota. La Generalitat no solo tiene que afrontar casi 1.000 millones de facturas a proveedores, sino también impagados acumulados desde 2010 en concepto de subvenciones, ayudas a empresas y entidades como patronales, institutos tecnológicos, etcétera, y fondos de formación.
Así las cosas, solo queda que el departamento de Montoro aumente la asignación del FLA en una segunda fase y autorice al Consell a recibir el dinero que ha reclamado. La Generalitat pretendía arrancar 4.500 millones pero sólo tiene asignados 2.540 millones.
Así las cosas muchas de las empresas y entidades que llevan meses sin cobrar van a tener que seguir esperando. Mientras la Administración autonómica sea incapaz de financiarse en los mercados de deuda y de aumentar su capacidad de generar ingresos no contará con recursos para pagar gastos pendientes.
