La Unió de Llauradors i Ramaders responsabilizó ayer a la Generalitat de «frenar» la competitividad del sector ganadero valenciano con nuevas tasas desde 2013 al obligarles a pagar desde este año las tasas de los trámites correspondientes a la autorización ambiental integrada (AAI) en sus granjas, según señala en un comunicado. La Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, ha establecido el pago por las tramitaciones de autorizaciones ambientales integradas a los ganaderos.

Al respecto, concreta que entre otras tasas, son 1.500 euros por explotación ganadera para instalaciones nuevas o ya existentes con licencia ambiental que se pretendan ampliar, de 750 euros si desean modificar de forma sustancial la autorización y de 150 euros si la modificación no es sustancial.

Además, la tramitación de renovación de la autorización ambiental integrada, sin modificación de la instalación y prevista cada ocho años, costará desde el pasado 1 de enero la cantidad de 500 euros. La Unió considera que estas tasas «frenan la competitividad» de un sector como el ganadero «muy afectado» en los últimos años por la crisis de precios y por el aumento de los costes de producción, sobre todo ante el encarecimiento de los piensos. Del mismo modo estos nuevos gravámenes para los ganaderos son «un duro golpe» a las zonas de interior de la Comunitat Valenciana, donde la ganadería es un importante motor económico.

Limitación al crecimiento

Las tasas suponen además «una limitación evidente» al crecimiento de nuestras granjas pues a partir de ahora los ganaderos se lo van a pensar mucho para ampliar sus explotaciones porque cualquier cambio en la misma le supone desembolsar 1.500 euros.

La actividad ganadera tiene en la Comunitat Valenciana un valor relativo importante, sobre todo por ubicarse mayoritariamente en las zonas interiores de nuestro territorio y áreas desfavorecidas, donde contribuye de forma significativa a la creación de la renta de sus habitantes, unas veces de forma principal, y otras como complemento de diversas actividades agrarias. La Generalitat adeuda a agricultores y ganaderos 120 millones en ayudas impagadas, según denunció la Unió en diciembre.