El magistrado Félix Blázquez está a la espera de que Hacienda y el puerto le remitan los informes que les encargó para avanzar con las pesquisas. El juez ha pedido a la Agencia Tributaria que le envíe los informes sobre el patrimonio de los cuatro directivos denunciados y sus declaraciones de la renta. El responsable judicial de las pesquisas ha reclamado una auditoría de una de las empresas que trabajó para el puerto de Valencia. Fuentes jurídicas apuntaron que no "ha llegado ninguna de las pruebas solicitadas" y que el juez quería tener antes de citar a los denunciados. r. f./j. l. z.valencia
La interventora general del Estado encargada de fiscalizar las cuentas del puerto confirmó ayer al juez las supuestas irregularidades que han llevado a la Fiscalía a presentar una denuncia contra el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Rafael Aznar, los directivos Juan Antonio Delgado e Ignacio Pascual y el técnico del departamento Económico-Financiero de la APV José Antonio Morales. La responsable de la fiscalización de las cuentas públicas explicó que considera que no hay delito en las retribuciones bajo sospecha porque se han devuelto o están en proceso de devolución. La perito añadió que a ella no le corresponde decir si el resto de irregularidades son constitutivas de delito como sostiene la Fiscalía. La cantidad supuestamente malversada superaría los 40 millones.
La interventora declaró ante el titular del juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, Félix Blázquez, durante dos horas. Fuentes próximas al caso explicaron que el fiscal del caso fundamentó su denuncia en parte de lo que le informó la interventora en dos reuniones. La testigo ratificó nada más comenzar la declaración los informes que revelan las supuestas irregularidades en la gestión del puerto.
El juez, el fiscal y los abogados defensores centraron sus preguntas en los sobresueldos y en el plan estratégico de 2,5 millones de euros encargado a la consultora británica AT Kearney. La interventora detectó los sobresueldos en 2012 y así lo hizo constar en su informe sobre las cuentas de la Autoridad Portuaria. El presidente del puerto cobraba dietas y sobresueldos por su asistencia a consejos y reuniones de VPI Logística, sociedad que gestiona la zona de actividades logísticas (ZAL), un terreno urbanizado en La Punta desde hace una década que prácticamente carece de actividad al no haber vendido ninguna parcela a las empresas.
VPI Logística en una mercantil pública controlada mayoritariamente por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y en menor medida por la Generalitat, Ayuntamiento y la entidad estatal de gestión de suelo Sepes (Ministerio de Fomento). A pesar de su escasa actividad por los problemas burocráticos iniciales entre las Administraciones públicas y, posteriormente, por la crisis económica, la empresa gestora de la ZAL -con 13 empleados- ha mantenido durante estos últimos años unos elevados gastos de personal.
Adjudicación de obras
Los informes que ayer ratificó la interventora general del Estado también alertaban sobre las supuestas irregularidades en obras de ampliación del puerto y los gastos del palco VIP en el Palau de les Arts o en el yate Valenciaport. La Fiscalía entiende que estos gastos podrían ser constitutivos de delito, pero la interventora no quiso valorar jurídicamente si estas actuaciones son delictivas porque entiende que no es su cometido.
La auditora constató que la Autoridad Portuaria abona anualmente al Palau de les Arts 90.000 euros por el palco VIP. La perito también comprobó que la institución adquirió por 4,1 millones de euros el yate Valenciaport que le supone anualmente un coste de mantenimiento de 200.000 euros. Además, el presidente se desplaza en un turismo valorado en 88.000 euros y los directivos tienen a su disposición una decena de vehículos. La Fiscalía entiende que los cuatro denunciados podrían haber cometidos los delitos de malversación y prevaricación por estas supuestas irregularidades.
