De imputado por el juez Eloy Velasco a sentarse en el banquillo de los acusados por un delito de alzamiento de bienes tras la petición de la fiscalía. Es el que camino que parece que va a recorrer el hijo de Gerardo Díaz Ferrán Gerardo Díaz Santamaría por su presunta participación en el saqueo de Marsans.
El segundo hijo del expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) habría participado de forma activa en la trama urdida por su progenitor y el «liquidador» de empresas valenciano Ángel de Cabo para escapar a los acreedores del primero.
Así se desprende del informe que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF) trasladó al juez Eloy Velasco, que instruye la operación «Crucero». El documento confeccionado por la UDEF concluye que Díaz de Santamaría habría participado de forma activa en la estrategia, cometiendo presuntamente sendos delitos de evasión y ocultación de bienes.
Fuentes jurídicas cercanas al proceso revelaron ayer a la Cadena Ser que Daniel Campos fiscal de la Audiencia Nacional tiene la intención de pedir al juez Eloy Velasco que procese a Gerardo Díaz de Santamaría junto a su padre y de Cabo.
12.500 euros de nómina
El informe de la UDEF confirma que Ángel de Cabo mantuvo en la nómina de Trapsa al único hijo varón de Gerardo Díaz Ferrán, tras adquirir la empresa. Con el «liquidador» a los mandos, Gerardo Díaz Santamaría habría cesado como consejero, pero continuó operando como apoderado de la firma.
Díaz de Santamaría habría cobrado un sueldo líquido mensual de 12.500 euros y habría dispuesto de un coche de alta gama un BMW X5 como coche de empresa. Mientras recibía esta elevada retribución, habría actuado como parte activa en la venta de bienes a sociedades pantalla, autorizando operaciones «ficticias» de venta de bienes y concesiones.
El juez Velasco ya imputó al hijo de Díaz Ferrán durante el pasado mes de marzo. En su declaración ante el juez, negó haber participado en las obras ideadas para vaciar el patrimonio del entramado empresarial.
18 millones de euros
Gerardo Díaz Santamaría habría participado presuntamente en la venta de concesiones administrativas de autobuses y de vehículos,. Se calcula que por estas enajenaciones la trama logró ingresar 18 millones de euros.
La constitución la empresa autopullman Jucan, a donde fue a parar el patrimonio de Trapsa, también está entredicho. Jucan se quedó las líneas de Barcelona, Sevilla y Madrid, más de cien autobuses y contratos con empresas privadas y organismos públicos. La firma se encuentra activa en la actualidad.
