25 de octubre de 2015
25.10.2015

El acuerdo opaco

25.10.2015 | 04:15

Al viejo crimen de la complicidad de los magnates con los gobernantes en perjuicio de los ciudadanos obedece el necesario secretismo con que se están llevando a cabo en Bruselas las negociaciones del acuerdo para una Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP). Las autoridades europeas y estadounidenses pretenden firmar a espaldas del pueblo un tratado entre las grandes empresas multinacionales y la clase política y administrativa europea. De aprobarse, este tratado impedirá a los gobiernos dictar leyes que pongan coto a los beneficios privados o que devuelvan a las instituciones públicas servicios básicos privatizados. El secretismo de las conversaciones en la capital de Europa es tan acusado que Wikileaks ofreció el pasado agosto una recompensa a quien facilitara documentos relevantes de las rondas de negociaciones para subirlas a la Red.

Ni los periodistas ni los ciudadanos en general pueden acceder a los documentos de la negociación. Estas negociaciones tampoco aparecen en los informativos de los grandes medios, al igual que pasó desapercibida la manifestación de un cuarto de millón de personas en Berlín hace apenas unos días protestando contra la falta de transparencia de las negociaciones tanto del TTIP como del CETA (Acuerdo Integral de Economía y Comercio). Entre otras contrapartidas, en el trasfondo de este negocio político que es el Tratado de Libre Comercio siguen actuando las puertas giratorias que permiten a políticos cesantes fichar con sueldos astronómicos por grandes empresas a las que han favorecido en el ejercicio del gobierno, práctica que corrompe el poder legislativo hasta minar uno de los pilares de la democracia.

Tampoco en esta batalla ideológica falta la oportuna ofensiva de las palabras. Los proponentes han conseguido que se llame «Libre» a un acuerdo que prevé tribunales de arbitraje internacionales de carácter privado para las empresas que pasarían por encima de las legislaciones nacionales y permitirían imponer multas millonarias a aquellos Estados (es decir, a sus contribuyentes) que perjudicaran los intereses de las corporaciones multinacionales. En estos tribunales a medida del interés monetario el choque de intereses públicos y privados no sería una disfunción, sino que vendría reconocida explícitamente en su propia letra. Asimismo llaman en sentido peyorativo «politización de acuerdos comerciales» a la posibilidad de que los Parlamentos nacionales interpongan leyes medioambientales o laborales frente a la voluntad o el capricho de las grandes empresas.

La mayor parte de las decisiones de calado económico siempre se tomaron a espaldas del pueblo; esta no será una excepción si la presión y la movilización ciudadanas no se amplía a España y el resto de países de la UE.

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