El ex presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Rafael Aznar, dos directivos y el abogado del Estado de la entidad portuaria se enfrentan a una posible petición de pena de cinco años de cárcel, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, por cobrar dos sueldos públicos y realizar contrataciones, sin concurso público por valor de 297.767 euros, a través de la empresa Valencia Plataforma Intermodal y Logística (VPI) SA, según confirman fuentes jurídicas a Levante-EMV.
El juzgado de Instrucción número 14 de Valencia ha iniciado el procesamiento de Aznar, los directivos de la APV Juan Antonio Delgado Mompó e Ignacio Luis Pascual Navarro, además del abogado del Estado de la entidad portuaria, Fernando Llopis Giner, por cobrar un sobresueldo durante más de siete años de VPI Logística y contratar sin concurso asesorías jurídicas y de seguridad para la empresa pública, creada en 1994 para comercializar la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia. El sueldo de Aznar y Delgado ascendía a 1.680 euros mensuales, «por representar a VPI Logística», aunque la entidad sólo se reunía «dos o tres veces al año».
La ZAL se urbanizó, tras expropiar a los vecinos de La Punta, pero nunca se ha puesto en marcha. Tras el auto de incoación del procedimiento abreviado, los imputados tienen cinco días para solicitar el archivo de la causa (como pedirán los imputados), la apertura de juicio oral (la opción por la que optará con toda probabilidad la Fiscalía Anticorrupción) o la práctica de más diligencias. La defensa del ex presidente de la APV presentará un recurso de apelación ante la Audiencia de Valencia en base a que los sueldos cobrados entre 2009 y 2012 han sido devueltos y porque existen «errores de bulto» y «mezcla de conceptos» en el auto del juzgado, que los pone a un paso del banquillo. Anticorrupción aún investiga en otra pieza sobrecostes y gastos de la APV.
