El próximo año trae importantes novedades fiscales y penales, tanto para las empresas como para el contribuyente, que evidencian «la clara tendencia del legislador de asegurar la recaudación a costa de erosionar derechos como la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva», según revelaron ayer un grupo de expertos en una jornada por Tomarial, Abogados y Asesores Tributarios. «Estamos ante un quebrantamiento de los principios constitucionales con un único objetivo recaudatorio», lamentaron.
El economista y responsable del área fiscal de la firma, Rafael Robledo, alertó de que la reforma no busca luchar contra el fraude de forma evidente sino que está destinada a asegurar y mejorar la recaudación a costa de las garantías del contribuyente, que asimismo verá incrementada la carga administrativa a la que se le venía sometiendo. Robledo subrayó que la modificación referente a la prescripción de los impuestos concede a la Administración el derecho a investigar ejercicios prescritos, siempre que generen efectos en ejercicios no prescritos aunque hayan transcurrido más de quince años y hace recaer la carga de la prueba sobre el contribuyente.
Tomás Vázquez Lépinette, socio de Tomarial, subrayó que una de las modificaciones más relevantes es la que permite a las personas jurídicas que tengan procedimientos internos de prevención del delito. Para ello será necesario adoptar un protocolo penal preventivo y nombrar a un director de cumplimiento normativo.
