La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de cuatro años y medio de cárcel para el expresidente de Bankia y Caja Madrid Rodrigo Rato y otra de seis años para su antecesor en el cargo, Miguel Blesa, por un delito de apropiación indebida que ambos habrían cometido al utilizar sus tarjetas black opacas al fisco. También reclama pena de un año para el valenciano representantes del PP Juan Emilio Iranzo, que presuntamente gastó 46.848 euros.
El total de los cargos ascendió a 9,3 millones en la época de Blesa y a 2,4 millones en la de Rato. También pide penas de cuatro años de cárcel para el exjefe de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (93.984).
El fiscal Alejandro Luzón, que no atribuye a ninguno de los procesados el delito de administración desleal, acusa a un total de 66 exdirectivos de Caja Madrid, para los que pide penas que oscilan entre uno y seis años de cárcel. Entre 2003 y 2012, periodo en el que los delitos no han prescrito, los gastos de las tarjetas ascendieron a un total de 12,03 millones de euros.
Además, solicita que Blesa sea condenado a pagar una indemnización de 9,3 millones por los gastos que autorizó entre enero de 2003 y enero de 2010 y que Rato abone 2,6 millones por la cuantía de los cargos efectuados entre febrero de 2010 y mayo de 2012. También reclama para todos los acusados penas de inhabilitación para el ejercicio de la actividad bancaria y que no se presenten a unas elecciones durante el tiempo que duren sus condenas.
Anticorrupción señala que Blesa autorizó personalmente la entrega de los plásticos y fijó el límite de gasto mientras ocupó la presidencia de Caja Madrid, entre 1996 y enero de 2010. Su número dos, Ildefonso Sánchez Barcoj, se encargó «materialmente», a través de sus secretarias, de dar las indicaciones para la emisión y cancelación de las mismas y las eventuales modificaciones de sus límites.
Los beneficiarios fueron los miembros del Consejo y la Comisión de Control de la entidad, así como otros directivos que podían utilizar los plásticos para «gastos de libre disposición». Así, «se consagró una suerte de sistema retributivo sin amparo legal, previsión estatutaria, soporte en los correspondientes contratos mercantiles o de trabajo o respaldo en acuerdos o decisiones adoptadas por los órganos de administración de Caja Madrid».
