La Generalitat asegura que las grandes cadenas de distribución comercial que operan en la Comunitat Valenciana no venden cítricos «a pérdidas»; es decir, por debajo de los precios de compra a los proveedores. Así lo transmitieron ayer los directores generales de Comercio y Consumo, Natxo Costa, y de Agricultura, Roger Llanes, a los secretarios generales de la Unió de Llauradors y AVA, Ramón Mampel y Cristóbal Aguado, respectivamente, tras abordar la denuncia que realizaron estas organizaciones profesionales.

La dirección general de Costa, que ha abierto nueve expedientes informativos a firmas de supermercados e hipermercados que operan en la autonomía, ha recibido la información de ocho de esas nueve empresas a las que se solicitó conocer los precios de compra de los productos citrícolas en sus diferentes formatos y pesos de la campaña de otoño e invierno. Según el director general de Comercio, «a priori no hemos detectados ninguna ilegalidad, pero si una irregularidad social, ya que los precios de compra al proveedor son excesivamente bajos y no permiten que el agricultor valenciano cubra de los costes de producción».

Aguado y Mampel instaron a la administración autonómica a velar por los intereses de los productores, el eslabón más débil de la cadena agroalimentaria y que durante la campaña citrícola 2015/2016 „pese a la caída de la producción, estimada en un 22 %, según la conselleria de Agricultura„ ha venido sufriendo desplomes de precios, sobre todo al inicio de la temporada.

Mesa de productores

Al término de la reunión, Costa anunció la creación de una Mesa de la Cadena Agroalimentaria en la que, por parte de la Administración, estarán presentes la dirección general de Comercio, la dirección general de Agricultura y la dirección general de Transparencia, con el objetivo de trabajar en las buenas prácticas y la responsabilidad social corporativa. Esta iniciativa -que se convocará en abril„ reunirá a los productores, así como al comercio y a la distribución para tratar tres temas básicos: los cítricos, la carne de conejo y el etiquetado de pescado. La entidad tendrá como objetivo revisar los códigos de buenas prácticas y defender los intereses de todos los agentes que intervienen en la cadena agroalimentaria de la C. Valenciana.