El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules ha aceptado la personación de la Generalitat Valenciana como acusación particular en la causa abierta por presunto fraude en cursos de formación de la patronal castellonense CEC. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, se atiende así la petición solicitada por la Abogacía de la Generalitat.
El juez investiga a la CEC y a la patronal autonómica Cierval, que preside José Vicente González, por el cobro de cursos de seguridad laboral para trabajadores que nunca se habrían realizado por valor de 418.700 euros en los años 2009 y 2010. Entre los investigados se encuentra el secretario general de la Confederación de Empresarios de Castelló (CEC), Rafael Montero, y el presidente de la CEC, José Roca, quienes ya han declarado ante el juez.
Falsedad documental
La causa fue abierta por el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules contra la Confederación de Empresarios de Castelló, la Confederación de Organizadores Empresariales de la Comunitat Valenciana (Cierval) y otras organizaciones y mercantiles por supuestos delitos contra Hacienda y falsedad documental relacionados con cursos de formación.
La causa se instruye a raíz de una denuncia de Fiscalía por un delito contra la Hacienda Pública, en la modalidad de fraude de subvenciones, y otro delito continuado de falsedad documental, en relación con las facturas presentadas a modo de justificación del destino de fondos públicos obtenidos.
La Fiscalía señala como posibles autores de los hechos a los responsables de las mercantiles Consultoría y Estudios AGP y Centro de Oficios RF, así como de la Cierval y CEC.
Rafael Montero tiene contratados en la patronal castellonense a su hijo y a un socio suyo y de su mujer. Por otro lado, tal como avanzó este diario, Roca y Montero gastaron más de 86.400 euros en dietas en dos años El secretario general de la patronal castellonense tiene además remuneración fija, según el auditor.
