23 de junio de 2016
23.06.2016
Ley de Transparencia

La 'número tres' de Climent tampoco ha acreditado las titulaciones que declara tener

Transparencia ha requerido por carta a Mónica Cucarella que presente los títulos - La alto cargo tiene un 12 % de la propiedad de la gasolinera

23.06.2016 | 13:58
La 'número tres' de Climent tampoco ha acreditado las titulaciones que declara tener

La directora general de Internacionalización, Mónica Cucarella, ha incumplido varios puntos de la ley de Transparencia que aprobó el PP en la pasada legislatura, según ha informado Levante-EMV en exclusiva en los últimos días. La alto cargo de Compromís no incorporó a su declaración de actividades que en la actualidad es apoderada de la gasolinera la Industrial Constructora SL, que está denunciada en un juzgado de Alzira por desobediencia al no haber descontaminado sus instalaciones un una década. A este incumplimiento se suma que Cucarella no ha acreditado ante la Generalitat las titulaciones que declara en su curriculum vitae. El propio conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, ha requerido a Cucarella que presente esta documentación y no ha recibido respuesta.

La ley de Transparencia obliga a presentar a los altos cargos de la Generalitat una declaración de bienes, una de actividades y los títulos para acreditar el curriculum. De momento, Cucarella incumple dos de los requisitos de transparencia pese a las reiteradas peticiones de la conselleria competente. La directora general asegura en su curriculum que tiene una licenciatura en Ciencias Económica, otra en Ciencias Empresariales y un master en Comercio Internacional, todo por la Universitat de València. Además, afirma que estudió el equivalente al COU en la High School at Kingsford College de Michigan (EE UU) entre 1989 y 1991.

Cucarella es, junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el director general de Comunicación, Ximo Clemente, uno de los tres altos cargos que no han presentado las titulaciones.

Por lo que respecta a la declaración de bienes, Cucarella sí que declaró tener un 12 % de la propiedad de la Industrial Constructora SL, aunque en el informe colgado en GVA Oberta está tachado el nombre de la empresa. En Transparencia explicaron que se debe a un error propio fruto de un exceso de celo para cumplir la ley de protección de datos.

Pero es en este porcentaje donde la directora general de la coalición podría tener un problema. La ley estatal de incompatibilidades no permite a los altos cargos tener más de un 10 % de una sociedad que pudiera tener algún tipo de vinculación con la administración pública. Bien sea subvenciones o contratos. No es el caso pero la descontaminación podría acabar haciéndola el ayuntamiento de Alzira ante la inacción de la empresa.

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