En estos momentos uno de los mayores problemas de la renqueante Unión Europea tras el varapalo del Brexit es la competencia fiscal entre estados miembros. La falta de una unión tributaria provoca que las grandes multinacionales se instalen en países como Irlanda o Luxemburgo, donde el impuesto de sociedades llega a ser hasta casi cuatro veces menor que en España. Esto genera una competencia desleal muy peligrosa que acaba con fugas de capitales y sociedades a estos lugares. Pero este «dumping fiscal» no solo se limita a estados soberanos. En España, los problemas financieros que genera el desigual sistema de financiación ha obligado a muchas autonomías a incrementar la presión fiscal en los impuestos transferidos para aumentar sus ingresos. Mientras, regiones beneficiadas por el reparto del Gobierno central apuestan por reducir sus tributos.

Si comparamos Madrid y la Comunitat Valenciana, los números son escandalosos y convierten a la comunidad madrileña en una especie de «paraíso fiscal» dentro de España. Esta competencia ya está provocando la fuga de capitales y grandes patrimonios hacia el centro del Estado ante la posibilidad de pagar menos impuestos en caso de ventas o herencias. Según ha podido confirmar Levante-EMV, hasta seis impuestos son la mitad de gravosos en la comunidad que dirige Cristina Cifuentes frente a la presidida por Ximo Puig.

En el impuesto de transmisiones patrimoniales respecto a los bienes inmuebles, Madrid ha fijado un tipo impositivo del 6 %, el más bajo de España, mientras que el resto de autonomías cobra entre un 8 y un 10 %. La Comunitat Valenciana tiene el más alto, el 10 %. Respecto a los bienes muebles, la autonomía madrileña mantiene el tipo estatal del 4 % mientras la valenciana tiene un 6 %. Este se incrementa al 8 % cuando se trata de obras de arte o antigüedades.

Para los más ricos

Por su parte, en el impuesto de patrimonio, la comunidad gobernada por el PP con el apoyo de Ciudadanos mantiene una bonificación del 100 % en este tributo. Es decir, no pagan ni un euro. El Consell de Puig creó una tarifa propia que incrementa un 25 % este tributo estatal y redujo de 700.000 a 600.000 euros la cuantía del mínimo exenta de pago. Todo para poder recaudar de las grandes fortunas 29 millones de euros más.

Por lo que respecta al impuesto de sucesiones y donaciones, Madrid continúa con un 99 % de bonificaciones, mientras que la Generalitat mantiene el 75 % de esta reducción de la presión fiscal. La comunidad madrileña tiene un tipo del 4 % en las concesiones administrativas, mientras que la Comunitat Valenciana tiene un 6 % de gravamen.

Los actos jurídicos documentados tienen un pago en la Comunitat Valenciana del 1,5 %, el doble de lo que abonan los residentes en Madrid, a quienes les graban un 0,75 %. Y pese a esas bajadas de los tributos, en esta comunidad los ingresos continúan siendo elevadísimos. Eso les ha permitido incluso reclamar la posibilidad de financiarse a través de los bancos.