La Comunidad de Madrid sigue con su política salvaje de reducción de impuestos, que está generando una verdadera competencia desleal con las demás autonomías. Sus bajos tipos y las bonificaciones en tributos como patrimonio, sucesiones o donaciones se han convertido en un foco de atracción de grandes patrimonios que abonan menos dinero al fisco si hacen las operaciones en esta región. Ahora, con el terremoto generado por el brexit y la carrera en Europa por hacerse con algunos de los despojos de la city londinense, el Ejecutivo de Cristina Cifuentes ya prepara otras rebajas fiscales, sobre todo en el IRPF, para atraer estas grandes firmas. Y con el consentimiento del Ejecutivo de Mariano Rajoy, del mismo color político, y que colabora con Madrid en una «ofensiva» que posicione a la capital como lugar preferente para las deslocalizaciones británicas, según ha informado el periódico económico Expansión.

Cuando Gran Bretaña solicite la aplicación del artículo 50 de la Unión Europea, los países de toda Europa pugnarán por atraer hacia sus territorios no solo a las empresas que no vean claro su futuro en las islas británicas, sino también instituciones europeas que ahora están en territorio inglés. La propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha mostrado públicamente su intención de atraer a España, concretamente a Madrid, la sede de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés). Y ahí es donde entra también en liza la Comunidad de Madrid con sus bajadas de impuestos. Ambas administraciones buscan que la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, se implique en la operación.

Para esta campaña de atracción de instituciones europeas y empresas multinacionales no se ha contado, de momento, con otras grandes ciudades españolas como Valencia, Barcelona o Sevilla, cuyas comunidades autónomas tienen impuestos transferidos mucho más altos condicionados en parte por unos menores ingresos por el desigual sistema de financiación. Y en otras ocasiones sí que se hizo, solo hay que ver el ejemplo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, con sede en Alicante.

Esta vorágine de bajadas de impuestos tras el brexit para retener empresas puede convertirse en un gran problema para la Unión Europea. Gran Bretaña ya amenaza con una reducción del impuesto de sociedades, que en Irlanda o Luxemburgo ya está por los suelos, con el correspondiente efecto llamada a las grandes multinacionales.

Si ya es llamativo que en la Unión Europea exista esa competencia tributaria salvaje entre estados, es mayor si se tiene en cuenta que comunidades autónomas dentro de España utilizan esta misma práctica.

Un ejemplo. En el impuesto de transmisiones patrimoniales respecto a los bienes inmuebles, Madrid ha fijado un tipo impositivo del 6 %, el más bajo de España, mientras que el resto de autonomías cobra entre un 8 y un 10 %. La Comunitat Valenciana tiene el más alto, el 10 %. Respecto a los bienes muebles, la autonomía madrileña mantiene el tipo estatal del 4 % mientras la valenciana tiene un 6 %. Este se incrementa al 8 % cuando se trata de obras de arte o antigüedades.

Por su parte, en el impuesto de patrimonio, la comunidad gobernada por el PP con el apoyo de Ciudadanos mantiene una bonificación del 100 % en este tributo. Es decir, no pagan ni un euro. Casi un «paraíso» fiscal.