09 de agosto de 2016
09.08.2016

La asamblea cuestiona la filial de formación saqueada

Critica que el exsecretario general impulsó una SL que integra el caso judicial en contra de los estatutos de la CEC

08.08.2016 | 20:31

La patronal de Castelló reveló ayer que durante la etapa de Rafael Montero la entidad creó una SL para organizar cursos de formación que funcionaba al margen de las cuentas de la CEC y que iba en contra de los estatutos de la asociación. Según fuentes presentes en la reunión de ayer, la organización tenía potestad, según sus estatutos, para constituir una fundación pero no una sociedad limitada.

Esta filial de la CEC: el Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castelló, fue creada en 1995 y en 2011 se quedó sin fondos. Está implicada en la trama judicial de los cursos de formación.

Según el auto del titular del juzgado número 1 de Nules, el Instituto recibió 148.000 euros por clases de riesgos laborales con facturas que, según el auto, «bien no existían o bien respondían a conceptos falsos», y en los que no «consta personal como docente». Luego, continúa el magistrado, reintegró en la cuenta de la patronal «sin justificación» cheques de entre 20.000 a 25.000 euros hasta alcanzar los 160.000.

Al ser una SL, el Instituto de Formación funcionaba de manera autónoma a la CEC. Su supervisión dependía del consejero delegado, que era el exsecretario general de la patronal, Rafael Montero. Desde la patronal señalan que su gestión era opaca.

La nueva gestora ha de asumir el mando del Instituto heredado por Montero para poder personarse en el caso judicial al depender la entidad de la CEC. La filial , aunque carecía de cargos y recursos, no se disolvió.

Impagos a trabajadores

En la asamblea de la patronal castellonense se constató la magnitud del agujero económico cuando se informó de que ocho trabajadores de la organización la han demandado por impagos en las nóminas. Los empleados llevan sin cobrar desde hace cuatro meses.

La gestora ha de pilotar el preconcurso de la Confederación de Empresarios de Castelló, que suma una deuda de 1,5 millones, con el objetivo de reducir sus cargas con los proveedores.

El caso judicial podría abocarla en cuatro meses al concurso, ya que podía obligarla a reintegrar al Consell otros 1,2 millones. Ahora debe 600.000 a Cierval por una primera devolución de ésta de cursos investigados de la Confederación de Empresarios de Castelló.

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