La patronal autonómica Cierval abrió ayer formalmente la negociación de sus nuevos estatutos después de que en la reunión del comité ejecutivo se distribuyera a los presidentes de la organizaciones provinciales de Castelló (CEC), Valencia (CEV) y Alicante (Coepa) el borrador redactado por un consultor externo. Se inicia así un período de intensas negociaciones para tratar de consensuar el nuevo modelo de Cierval. Sin embargo, todo ese trabajo está condicionado al resultado del informe jurídico y económico que la CEV ha encargado a sus asesores fiscales para determinar si es viable la piedra angular del nuevo proyecto, a saber: la absorción de esta por la autonómica. Con la CEC y la Coepa al borde de la liquidación, Cierval solo puede subsistir si la provincial de Valencia, la única saneada, le aporta todo su balance. Cuando en julio se aprobó el rediseño de la autonómica, que incluía esta medida, parecía que la CEV tendría músculo suficiente, pero en estos meses han crecido las dudas, debido a los agujeros que la CEC y Coepa van trasladando poco a poco a Cierval. Si el informe fuera negativo, la CEV que preside Salvador Navarro, daría marcha atrás y todos los propósitos de reforma quedarían en nada.

A la espera de conocer el determinante resultado, el presidente de Cierval, José Vicente González, ha puesto en marcha las negociaciones de los estatutos, un paso ineludible ante la eventualidad de que el informe sea positivo y la cercanía del 31 de octubre, la fecha que puso como límite.

Las fuentes consultadas aseguran que el borrador presentado ayer «está muy verde», en el sentido de que deja abiertas algunas incógnitas clave y se olvida cuestiones de relevancia. Así, contempla, como estaba previsto, que la nueva Cierval dará entrada a las federaciones sectoriales y a las empresas directamente asociadas para que contribuyan a su sostenimiento, pero no detalla qué porcentaje de sus pagos irán directamente a la autonómica y cuáles a los de su provincia de referencia. También contempla la permanencia de «intersectoriales», es decir, de las provinciales „a las que se les reservaría una estructura mínima consistente en consejos territoriales, lo que choca con los deseos de alicantinos y castellonenses, que quieren una personalidad jurídica propia„ pero también de las comarcales. Asimismo, el borrador, según las diversas fuentes consultadas, no hace referencia alguna a Cepymeval, la organización de pymes de la autonómica.