Se veía venir desde hace tiempo que la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana nos iba a costar un riñón a los ciudadanos. O un ojo de la cara, como quieran. Hace mucho tiempo que era un zombie financiero y, como dijo ayer en las Corts su presidente y director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, el Banco de España le veía tanto futuro que ya había instado a su liquidación.

El cierre de esta sociedad avalista hubiera supuesto elevadas pérdidas para la Generalitat, como máximo accionista, y para las miles de pymes que son socias capitalistas de la misma como consecuencia de haber obtenido financiación a través de ella. Mala solución, sin duda. La alternativa, una vez que la denominada Operación Citrus „la venta de los cientos de inmuebles adjudicados„ fracasó, no ha sido otra que reflotarla con el dinero público. Con más de 200 millones de euros. Tampoco es una buena noticia, aunque puede ser un mal menor.

El caso SGR recuerda de alguna manera a Bankia. Se remoloneó con todo tipo de parches hasta que la realidad se impuso. Hubo que aportar miles de millones de las arcas del Estado, pedir el rescate a Europa y hasta crear un banco malo para sacar del perímetro de la entidad „y de otras similares„ la indigestión del ladrillo. En la sociedad avalista, la Generalitat se hace cargo de casi todo „incluso de la compra de 780 fincas que ya veremos cómo malvenderá„ con la intención de salvar este instrumento financiero esencial para las pymes e incorporarlo al sistema bancario público que promueve Illueca. Si el diseño sale como Bankia, ahora entre las cuatro entidades más solventes y potentes de España, puede ser un éxito.

El éxito de Bankia estuvo también en dejarla en manos de auténticos profesionales de la banca, empezando por su presidente, José Ignacio Goirigolzarri y en apartar a los políticos que,por activa o por pasiva, hundieron Bancaja y Caja Madrid. Muchos de ellos responden ahora de su gestión ante los tribunales. Illueca anunció ayer que la SGR realizará un análisis forensic para determinar responsabilidades de aquella larga etapa en que la sociedad avalista era regida por José Roca (presidente) y Juan Manuel García Puchol (director general), con un papel relevante, como consejero, de Rafael Montero, el ya ex secretario general de la patronal castellonense. Fue entonces cuando la SGR se dedicaba a avalar créditos que la banca no quería conceder en el sector inmobiliario y que acabaron atiborrando a la sociedad avalista de créditos fallidos y de un montón de activos inmobiliarios depreciados que tuvo que adjudicarse.