Tradicionalmente, al sector público se le atribuían cuatro funciones básicas: (1) asignación, (2) redistribución, (3) estabilización, y (4) crecimiento. Como en tantas otras ocasiones, es prácticamente imposible abordar todos los objetivos a la vez; incluso puede ocurrir que el logro de uno entre en conflicto con otros. En estos casos, es la política la encargada de priorizar.
Con todo, desde hace décadas, la función de crecimiento se ha ido abandonando, quedando únicamente resquicios de ella en países en vías de desarrollo o en algunos países nórdicos. Lástima, porque nuestra Comunitat necesita retomar la senda de un crecimiento compatible con un desarrollo más sólido, ecoeficiente y equitativo.
La descentralización impositiva por la que se optó en nuestra Carta Magna y en nuestro Estatut no ha tenido las mismas consecuencias que en otras Comunidades. La combinación de sistemas de financiación autonómica contrarios a nuestros intereses y la menor capacidad tributaria de nuestras rentas y riqueza chocan frontalmente con el primero de los principios tributarios -el de la suficiencia-, que vela por la capacidad de un sistema tributario para cubrir los gastos públicos.
No vamos a profundizar ahora en lo ruinoso que está siendo el actual sistema de financiación autonómica para nuestra Comunitat, pero, para nuestra desgracia, el imposible sudoku en 3D que a partir de ahí debe realizarse desde la Conselleria de Hacienda estrangula sobremanera la posibilidad de arbitrar y dotar de estímulos públicos a la iniciativa empresarial. Sin embargo, ahora más que nunca, el tejido empresarial valenciano necesita de un decidido apoyo para transformar su modelo productivo y adaptarlo a una nueva realidad que ya se está cristalizando en los países de referencia más desarrollados.
Al respecto, la CEV presentó un informe con «Propuestas Fiscales para el ajuste, desarrollo y crecimiento económico de la Comunitat Valenciana». El informe incluye tres propuestas de índole fiscal -Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados- con el objetivo de (1) aligerar la factura fiscal de los agentes económicos llamados a generar actividad económica, riqueza y empleo; (2) equiparar la carga tributaria a la vigente en otros enclaves económicos de nuestro país, eliminando con ello coste de pérdida de competitividad; (3) apoyar la continuidad de la empresa familiar; y (4) acabar con la inseguridad jurídica que sufre el sujeto pasivo y desincentiva iniciativas privadas rentables.
El anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana para 2017 -más conocido como Ley de Acompañamiento- no aborda el Impuesto sobre el Patrimonio, por lo que si la Ley de Acompañamiento Estatal mantiene el restablecimiento del impuesto por un año más, en nuestra Comunitat Valenciana se penalizará el ahorro y se mantendrá una clara desventaja fiscal con respecto a otras CC.AA. como, por ejemplo, Madrid, que lo bonifica al 100 %.
Por otra parte, la Ley de Acompañamiento valenciana reintroduce la deducción autonómica por obras de rehabilitación en vivienda habitual, pero la estrangula de tal forma que va a ser muy difícil que genere actividad abundante en una rama tan trabajo-intensiva y con tanto paro como lo es la construcción. En materia de Sucesiones y Donaciones, la reducción del 75 % al 50 % de la bonificación en la cuota de los descendientes mayores de 21 años, ascendientes y cónyuges desincentivará todavía más el ahorro. Por añadidura, en las donaciones se elimina completamente la bonificación de la cuota por parentesco. Por estas razones, y algunas más, conscientes de la dificultad que implica una crónica e injusta infrafinanciación, la respuesta a la pregunta de si la Ley de Acompañamiento impulsará el año que viene el crecimiento en nuestra Comunitat, lamentablemente es no.
Secretario de la Comisión Fiscal de la Confederación Empresarial Valenciana
