La Conselleria de Vivienda, Territorio y Obras Públicas va a remitir una petición al Ministerio de Industria con el objetivo de clarificar qué titulaciones están habilitadas para expedir certificados de habitabilidad en residencias.
El departamento que dirige María José Salvador quiere solventar, al menos en el ámbito de la Comunitat Valenciana, el problema que arrastra desde hace años el colectivo de los ingenieros industriales respecto a los certificados para que los ayuntamientos den licencias de segunda ocupación en residencias.
Los ayuntamientos, y también la conselleria en aplicación de una normativa estatal aparentemente confusa, están reservando a los arquitectos y arquitectos técnicos la exclusividad para emitir estas cédulas, indispensables para obtener estas licencias que son necesarias en una compraventa tras diez años desde la primera ocupación, o después de reformas.
Como contó ayer este diario, la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana acaba de emitir un informe criticando este exclusividad a los arquitectos como una barrera a la libre competencia.
El posicionamiento surge a raíz de la queja de un ingeniero industrial, que vio cómo el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas (la Vega Baja) no lo consideraba como «técnico competente» para emitir un certificado sobre la licencia de segunda o posterior ocupación.
Con todo, el debate entre ingenieros y arquitectos sobre este asunto lleva años en marcha, y autoridades de la competencia de todo el país han tomado partido, pasando por la CNMC o la Autoridad Vasca de la Competencia. En este contexto, la conselleria quiere acabar con el debate. Y recuerda que el ministerio ya ha emitido un listado de titulaciones que están habilitadas a emitir certificados de eficiencia energética.
El informe de la Comisión de Defensa de la Competencia que preside Francisco González Castilla sostiene que la Conselleria de Vivienda realiza una lectura incorrecta de la legislación estatal. Esto se debe, en opinión del organismo, a que vincula la competencia exclusiva que la ley estatal de Ordenación de la Edificación atribuye al arquitecto para redactar los proyectos y la dirección de obra, con la habilitación para emitir certificados de licencias.
Abrir a otras titulaciones
«Es evidente que un ingeniero industrial, por su formación y su experiencia profesional, tiene capacidad para interpretar los planos», defiende la Comisión de Defensa de la Competencia. Y propone como alternativa para no vulnerar el libre mercado, que se abra a «otros profesionales con titulaciones diversas pero con competencias equiparables».
