El tráfico de mercancías en el puerto de Valencia recuperó la normalidad durante el pasado fin de semana gracias a que las empresas que operan en las instalaciones han aceptado sumarse al documento base que los sindicatos de estiba quieren presentar en la próxima reunión con el ministerio de Fomento. Sus intenciones pasan por «suavizar» el decreto-ley que el Gobierno quiere aprobar el próximo viernes para poner fin a los privilegios y el monopolio en la manipulación de mercancías en los puertos de todo el territorio nacional.
La medida está causada por una sentencia de la UE y el ejecutivo quiere «esquivar» la multa económica que podría llegar desde Bruselas. No parece que sea una tarea fácil. Y es que el sector vive una semana clave para su futuro, en la que planea la sombra de la huelga convocada para los próximos 20, 22 y 24 de febrero por los trabajadores si Fomento continúa con sus intenciones y no acepta sus demandas.
El Departamento que dirige Íñigo de la Serna y la patronal y los sindicatos de la estiba retomarán la negociación mañana, después de que el viernes concluyeran el primer encuentro con posturas totalmente opuestas.
Registro de estibadores
La articulación de un registro de estibadores constituye el principal escollo de la negociación entre ambas partes. Se trata de la principal reivindicación de los trabajadores con el fin de garantizar sus empleos y sus actuales condiciones laborales tras la reforma. No obstante, Fomento asegura que este registro es una «línea roja» que no puede aceptar, dado que la Comisión Europea «lo rechaza totalmente».
La reforma de la estiba debe contar con el visto bueno de Europa, dado que se aborda para adaptarla a la normativa comunitaria, a la que contraviene. Ello, a su vez, provoca que España afronte actualmente el riesgo de que el Tribunal de Justicia de la UE le imponga una sanción. Así, además de las posturas enfrentadas y las líneas rojas, la dificultad del acuerdo sobre la estiba estriba también en el corto margen de tiempo con que las partes cuentan para negociar.
El viernes: fecha tope
Fomento ya ha asegurado que la fecha máxima para negociar es el viernes, cuando el Consejo de Ministros aprobará el Real Decreto Ley de la reforma. El Ministerio achaca la urgencia de la tramitación a su convencimiento de que el Tribunal Europeo está a punto de fallar sobre la sanción a España, que buscan así evitar. Por ello, el Departamento ya está en contacto con los grupos parlamentarios con el fin de que el Congreso otorgue cuanto antes la preceptiva posterior convalidación.
En virtud de su reforma, Fomento articula un periodo transitorio de tres años para acabar con el monopolio que actualmente tienen de la estiba las sociedades de servicios portuarios, las Sagep. Estas firmas controlan al total de 6.150 estibadores que actualmente trabajan en la red de puertos del país y su contratación por parte de empresas que operan en estas instalaciones. Fuentes del puerto de Valencia expusieron que «aquí en Valencia nos tenemos que adaptar a las decisiones en clave nacional, somos una parte más del global».
Las Sagep son un colectivo clave para la actividad portuaria, dado que se encargan de cargar y descargar la mercancía que entra y sale por los puertos, esto es, el 86% de las exportaciones y el 60% de las importaciones. Por ello, una huelga del sector podría bloquear este tránsito de mercancías, con el consiguiente perjuicio para muchas empresas de distintos sectores productivos.
