El conflicto que mantiene Lafarge con el Ayuntamiento de Sagunt entorno a la continuidad de la actividad minera por parte de la cementera ha generado dos bloques con discursos cada vez más radicales a medida que se acerca la fecha en la que se agota la concesión de ocupación de la actual cantera, que es diciembre de este año. Mientras la Conselleria de Medio Ambiente se lava las manos y limita su papel al de «mediador», pese a que es la que debe resolver la prórroga del permiso, desde el consistorio de la capital de El Camp de Morvedre, Iniciativa Porteña (IP) es una de las formaciones que más se ha significado «a favor de la planta, no de la multinacional», precisa su portavoz Manuel González.
«Defendemos el empleo y la viabilidad de la empresa, que sólo se garantiza con la caliza», apunta el segregacionista. Ese suministro «ahora mismo está en el aire», una incertidumbre que «ya está provocando el desvío de producción, la paralización de inversiones y la precarización del empleo y que, si no se resuelve urgentemente, abocará a la fábrica al cierre».
Para frenar esta espiral, el concejal de IP cree que la solución es fácil: «Cumplir el convenio aprobado en 2013, que solucionaba tanto la continuidad de la planta hasta 2030 como la protección ambiental de la zona». Ese acuerdo, que se adoptó con la posición contraria del partido que hoy ostenta la alcaldía en Sagunt, Compromís, es el que, según González, se está saltando el ayuntamiento, que «no hace más que poner piedras y chantajear a la empresa, en lugar de imponer la cordialidad. Esta estrategia tiene dos consecuencias: la primera será el cierre de la planta y la segunda le costará mucho dinero al consistorio».
Indemnización millonaria
Esta teoría la comparte también desde la oposición municipal el PP, quien acusa al gobierno local (Compromís, EU, Podemos y PSPV) de «exponer a la ciudad a tener que asumir una indemnización millonaria por romper las reglas del juego establecidas en el convenio de 2013», en palabras del portavoz Sergio Muniesa.
Además de señalar que las críticas contra la estrategia del cuatripartito «vienen de frentes tan variados como el sindical y el empresarial», el portavoz popular añade que «somos una ciudad industrial, pero la actitud del equipo del señor Fernández -alcalde de Sagunt- es un portazo en toda regla al empleo, a la continuidad de Lafarge y a la industria en pleno proceso de reindustrialización». El próximo martes en un pleno monográfico se vivirá un nuevo capítulo en este enconado conflicto.
