En plena crisis inmobiliaria, en 2009, Inversiones Financieras Agval -empresa que aglutinaba las participaciones de los socios locales de Aguas de Valencia: Banco de Valencia y Fucsa (Fomento Urbano de Castellón, vinculada a la familia Calabuig)-, con financiación del Banco de Valencia, y Bancaja Hábitat (filial inmobiliaria de la caja que controlaba al banco) compraron acciones de la gestora de suelo de la familia Calabuig al triple de valor del precio medio del período 2007-2009, lo que generó a los empresarios castellonenses una plusvalía de 66 millones y unas pérdidas a Bankia de 65 cuando se vio forzada en 2016 a vender su participación, por derecho de suscripción preferente, a la propia Fucsa.
En su resolución, la Audiencia pone fin a las trabas de Cortina, que han demorado más de un año el citado peritaje. Y es que el juez instructor, como recoge el auto, tuvo que realizar un «periplo por diferentes organismos» antes de recurrir al Banco de España para que le designase un perito, aunque el supervisor indicó en diciembre de 2015 que sus inspectores no disponían de la titulación exigida. Aún así, señaló a Félix Anegón y el juez instructor Santiago Pedraz lo nombró. Sin embargo, Fucsa y Cortina impugnaron esa decisión, que el magistrado rechazó en febrero de 2016. Fue el exdirector general adjunto de Bancaja el que recurrió ante la Audiencia Nacional, que finalmente le ha quitado la razón. La resolución judicial afirma que si el juez, en su recorrido por varios organismos, no ha encontrado a un perito con titulación, «habrá que recurrir a un perito no titular, por lo que, en tal concepto, es posible admitir la designación, por cuanto que consideramos no escapa a sus funciones la pericial que se le encomienda».
