Mientras el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se mostraba el pasado jueves partidario de «buscar una solución dialogada, justa y que no atienda a la permanencia de privilegios que no son razonables», y destacaba como «fundamental» que la economía de la Comunitat Valenciana «no se resienta» debido a los permanentes conflictos laborales, los diputados valencianos José Luis Ábalos (PSOE) y Marta Sorlí (Compromís) no tienen tan clara las condiciones laborales y el acceso a la profesión de estos trabajadores de los muelles portuarios.
Según los citados congresistas, las «luchas laborales» de este colectivo que agrupa a 6.100 empleados fijos en España (unos 1.500 en el recinto del Grao) no se debe «satanizar» ni puede tildarse a estos profesionales como «privilegiados» porque «los salarios los pagan empresas privadas, no el Gobierno», aseguraron en declaraciones a Levante-EMV Ábalos y Sorlí, respectivamente.
La diputada de Compromís justifica su oposición al decreto ley del Gobierno por su «improvisación y visión liberal» de un sector «estratégico» para la economía y cuyas condiciones laborales «deben negociarse entre sindicatos y patronales». Por su parte, Ábalos advirtió de que el Gobierno, con mayoría absoluta del PP en el Congreso, «tuvo la oportunidad de aprobar el decreto ley de reforma desde diciembre de 2014» [fecha de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que exige a España liberalizar el sector de la estiba] y no lo hizo para evitar la conflictividad electoral en vísperas electorales. Podría haberse ahorrado la multa que ahora tanto teme», puntualiza.
Diálogo con agentes sociales
Ábalos y Sorlí coinciden al destacar la necesidad de«revisar» un reforma que debe tener el consenso de los agentes sociales. Según la diputada de Compromís, el decreto es «como una auténtica reforma laboral que vulnera derechos de trabajadores». Ábalos indicó que la sentencia de la UE «no es discutible» pero debe adaptarse «en el mercado de una negociación entre empresas y sindicatos»-
La política castellonense fue una de las tres diputadas de la oposición (junto a otras de Unidos Podemos y de Esquerra) que estaban de viaje oficial en Nueva York para asistir a una reunión de Naciones Unidas y cuyo regreso a España adelantaron para poder acudir al Congreso y votar en contra de la convalidación del decreto ley. Formaban parte de la delegación que tenía previsto estar en Nueva York hasta ayer para participar en la 61ª edición de la Comisión de la Condición Jurídica la Mujer.
