El pleno del Gobierno valenciano aprobó ayer destinar 617.000 euros a los sindicatos UGT y CC OO por sus actuaciones de participación institucional. Así lo explicó la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Ejecutivo valenciano. Con esta medida, el Consell abona el 50 % de la subvención que le corresponde a cada sindicato para compensar los gastos soportados durante el año 2017 como organizaciones más representativas en el sector público de la Generalitat.
La Generalitat acordó con los sindicatos mayoritarios y con la patronal autonómica Cierval el reparto anual de 5,2 millones de euros por los compromisos que estos agentes sociales tienen por participar en diversos organismos de las administraciones públicas, fundamentalmente de personal. Esa cantidad debía repartirse al 50 % entre centrales y patronal, es decir, 2,6 millones para cada parte. Por la parte empresarial, el problema se encuentra en que la patronal autonómica Cierval se encuentra ya en fase de extinción, motivo por el cual no va a recibir dinero por la participación institucional. Por su parte, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), que se ha convertido en la nueva autonómica, está en el proceso de obtener el reconocimiento como tal de la administración autonómica.
El TSJ desestima
El reparto del dinero por parte del Consell a los sindicatos se produce unos días después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana desestimara el recurso interpuesto por CSIF, USO CV, Intersindical Valenciana y el Sindicato Independiente (SI), descartando que el reglamento que desarrolla la Ley de Participación no sea conforme a derecho o conculque la ley que desarrolla.
Estas centrales minoritarias presentaron el recurso ante el TSJ y pidieron al Consell que derogara la ley aprobada por las Corts Valencianes en la pasada legislatura. Estos consideran que «no es más una norma para financiar discrecionalmente a los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y a la patronal Cierval». Por eso reclamaron al Consell que destine los 5,2 millones de euros que se tendrían que repartir entre esas tres entidades a las políticas sociales y a un fondo para la atención de las personas refugiadas que llegan al país, según Intersindical.
Con todo, la sentencia descarta que se produzca «vulneración a los principios de participación institucional en el desarrollo del Decreto 193/2015 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 7/2015, denominada Ley de Participación Institucional».
