El administrador provisional de la Caja de Ahorros de Mediterráneo (CAM) nombrado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a mediados de 2011 José Antonio Iturriaga aseguró ayer que no dio credibilidad a los estados financieros presentados por los directivos de la caja para ese ejercicio porque «no es posible» que pidieran la intervención y a la par defendieran que estaban obteniendo beneficios.
«Esa es la razón por la que nosotros decimos que eso no puede ser verdad», señaló el gestor en calidad de testigo ante el tribunal de la Audiencia Nacional que investiga a la antigua cúpula de la caja por falsear, presuntamente, las cuentas de resultados de la entidad en 2010 y 2011. Al respecto afirmó que los tres administradores provisionales nombrados por el FROB después de que el Banco de España acordara sustituir provisionalmente el órgano de administración, se negaron a aprobar los estados financieros que arrojaban unos beneficios (provisionales, según los acusados) de 65 millones de euros.
El testigo aseguró en la quinta sesión de vista oral que encargaron al auditor externo un nuevo análisis y presentaron las nuevas cuentas que recogían unas pérdidas después de impuestos de ese mismo ejercicio de 1.136 millones de euros. «Hicimos un trabajo de paralizar la sangría que presentaba la tesorería de la entidad», defendió.
El testigo indicó que los tres gestores fueron «auténticamente incomprendidos» tras su aterrizaje en la caja alicantina en julio de 2011 y que se encontraron con una entidad en la que «prácticamente el día anterior había desaparecido parte de los directivos recientemente jubilados». También argumentó que trabajaron 24 horas al día haciendo especial hincapié en el análisis de la situación de liquidez y calidad crediticia. «Una intervención es como el que se monta al barco en marcha: el barco está andando pero hay que arreglar las máquinas mientras tanto», dijo.
El gestor también reconoció que tras la intervención del Banco de España, la CAM recibió una inyección de 5.249 millones de euros por parte del Fondo de Garantías de Depósitos (personado como acusación particular en la causa) y que en este proceso de rescate que terminó con la adjudicación de la caja al Banco Sabadell por el valor simbólico de un euro, el Estado perdió los 2.800 millones de euros que inyectó el supervisor para capitalizar la caja y los 3.000 millones otorgados en calidad de línea de crédito.
Sin embargo la situación de la caja alicantina en el momento de su intervención fue producto de la «pérdida y deterioro» que venían arrastrando muchísimas operaciones de riesgo no solo desde 2011 y 2010 sino de antes.
El fiscal Luis Rodríguez Sol pide para siete de los ocho acusados penas de cárcel que van desde los diez meses a los siete años y medio por delitos de falsedad en las cuentas anuales, estafa agravada y apropiación indebida y apunta que los encausados rehabilitaron créditos fallidos y dudosos a normales y además contabilizaron incorrectamente la titulización de activos para presentar beneficios en las cuentas de 2010 y poder asignarse el cobro de complementos retributivos (como paga de beneficios, planes de pensiones e incentivos).
Durante la sesión también intervino el director de Finanzas y Desarrollo Corporativo de Liberbank, antes al frente del área de empresas participadas de Cajastur, Jesús Ruano, que explicó que el motivo por el que no se produjo la integración en el denominado Banco Base fue el «deterioro de la situación financiera de la CAM», haciendo «incumplibles» las previsiones de la entidad.
Al respecto, aseguró que las sospechas comenzaron después de que la inspección realizada por el Banco de España en 2010 revelase una reclasificación de riesgos «muy importante» que hizo que el patrimonio de la caja «fuera muy inferior» a lo previsto.
