¿Un cambio en la resolución de las crisis bancarias?

12.06.2017 | 21:47

La resolución de la crisis del Banco Popular con su intervención y posterior venta por un euro al Banco de Santander representa la primera actuación del Mecanismo Único de Resolución (MUR) en el marco de la Unión Bancaria. Dicha resolución representa un cambio respecto a los mecanismos aplicados para resolver las crisis de las cajas de ahorros españolas entre 2010 y 2012. ¿Cuáles son estas diferencias? ¿Habría mejores alternativas de resolución? ¿Representa la intervención del Banco Popular el inicio de una nueva era en la forma de resolver crisis bancarias en Europa? Éstas son las preguntas que básicamente trataré de responder en este artículo.

La principal diferencia radica en quien o quienes soportan las pérdidas de la entidad quebrada. En el caso del Banco Popular se ha aplicado un bail-in consistente en que son los accionistas y determinados acreedores del banco (tenedores de obligaciones convertibles y deuda subordinada) los que soportan las pérdidas de la entidad en lugar de trasladar las pérdidas al resto del sector bancario, utilizando las aportaciones del fondo de garantía de depósitos, o a los contribuyentes, utilizando fondos públicos. Es preciso reconocer que el bail-in aplicado podría haber sido incluso más agresivo, ya que se han respetado íntegramente el valor de instrumentos no garantizados como los bonos senior y los depósitos por encima de 100.000 euros.

Alternativamente, podrían haberse impuesto pérdidas parciales a dichos acreedores y reducir la necesidad de ampliar capital por parte del Banco Santander. En cualquier caso, esta actuación contrasta con los bail-out aplicados en el caso de las crisis precedentes de las cajas de ahorro, en los que se han aportado fondos públicos en forma de capital o de préstamos a las entidades con dificultades, sin agotar la posibilidad de imponer pérdidas a los propietarios del capital, de las obligaciones convertibles y de la deuda subordinada.

Una segunda diferencia son las penalizaciones sufridas por los máximos directivos y consejeros de las entidades con problemas. Mientras que en el caso del Banco Popular supondrá la pérdida de sus puestos, la concesión de ayudas públicas a las cajas de ahorros para sostener su continuidad no fue acompañada en muchos casos de cambios en la alta dirección y en los consejos de administración. Por último, una tercera diferencia es que la resolución se ha hecho de forma muy rápida tras la intervención de la entidad. Apenas pasaron 12 horas desde la reunión del Banco Popular con el BCE hasta el anuncio de su venta al Banco de Santander. Esta rapidez en la resolución contrasta también con los más largos procedimientos de adjudicación de las cajas de ahorros quebradas a nuevas entidades, algunos de los cuales aún están pendientes.

Diferencias
Las diferencias reseñadas representan un claro avance sobre los procedimientos aplicados entre 2010 y 2012 en las cajas de ahorros españolas. El bail-in no sólo reduce el coste público que de forma directa e inmediata soportan los contribuyentes sino que también reduce costes futuros, ya que disciplina a los directivos bancarios y proporciona a los accionistas mayores incentivos a realizar una gestión más eficiente y prudente que evite las mayores pérdidas esperadas por ellos en caso de insolvencia de la entidad. Por otra parte, el bail-in parcial que representa el haber evitado trasladar pérdidas a acreedores senior o depositantes no garantizados también evita que se ponga en riesgo la estabilidad financiera al transmitir confianza sobre la seguridad de este tipo de ahorro. También cabe valorar positivamente la rapidez en la adjudicación a una nueva entidad, ya que acorta la puesta en marcha de la necesaria restructuración de la entidad.

Únicamente señalar como aspecto negativo que una continuada absorción de entidades fallidas por otras de mayor tamaño incrementa el riesgo de crear entidades demasiado grandes para dejarlas caer pero también para poder rescatarlas con fondos públicos en caso de quiebra de las mismas. Ello podría representar un riesgo en el medio y largo plazo para la estabilidad y buen funcionamiento del sistema bancario que las autoridades deben ponderar a la hora de resolver crisis bancarias.

Varias razones, y no sólo necesariamente un cambio de orientación, pueden haber facilitado esta diferente forma de intervenir en el caso del Banco Popular. En primer lugar, el mayor volumen de fondos a rescatar en el caso de las cajas de ahorros y el mayor número de entidades con problemas de insolvencia comprometía la capacidad del resto del sector bancario nacional para absorber las pérdidas sin el riesgo de generar inestabilidad en todo el sistema bancario. De hecho, gran parte de los problemas del Banco Popular parecen haber surgido por los activos problemáticos adquiridos con la compra del Banco Pastor. En segundo lugar, y menos justificable desde un punto de vista estrictamente económico, la existencia de «identidades» políticas en cada una de las cajas representaba un freno a la adopción de medidas disciplinadoras e imposición de pérdidas a los responsables y controladores últimos de las entidades.

Nueva era
La menor dificultad para aplicar la resolución adecuada en el caso del Banco Popular no nos permite todavía afirmar que haya comenzado una nueva era en la forma de resolver las crisis financieras de la mano de la Unión Bancaria. Es preciso esperar a la aparición de una crisis de un tamaño que amenace a la estabilidad del propio sistema financiero (crisis sistémica) para comprobar si el MUR continua aplicando el sistema de resolución utilizado en el caso del Banco Popular. El caso italiano, donde los problemas de solvencia parecen amenazar a varias entidades, puede ser la prueba de fuego para comprobar si realmente las autoridades europeas están decididas a aplicar un bail-in frente a un bail-out en todo tipo de crisis bancaria.

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