«Yo lo que creo es que con el dinero de las subvenciones pagaban la limpieza de los barcos», aseguró ayer rotundo el inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, que investigó a la empresa Unión Naval por el desvío de ayudas de fondos europeos. La sección 5ª de la Audiencia de València juzga desde ayer a tres directivos de la mercantil (aunque dos ya no trabajan en ella), propiedad del armador y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda.

Los tres directivos que se sientan en el banquillo de los acusados desde ayer y hasta el próximo miércoles negaron ayer haber falsificado facturas para facilitar el cobro de las subvenciones, tal como les acusa el fiscal.

Dos de ellos se negaron a responder a las acusaciones y solo se sometieron al interrogatorio de sus letrados. La exdirectora general de Unión Naval, Alicia M. G, sí que aceptó contestar a todas las partes. La exdirectiva volvió a recordar que en las fechas en las que se produjeron los supuestos hechos ella tenía otro cometido en la Corporación Boluda, tal como ratificó como testigo -por la tarde y por videoconferencia desde Chile- el exdirector financiero de la corporación. La exdirectiva (que abandonó la compañía en 2013) ni siquiera reconoció su firma en uno de los contratos que la acusación pone en duda.

El actual director de recursos humanos del Grupo Boluda, Francisco T. H., admitió la existencia de facturas por duplicado aunque negó que hubiera intereses espúreos. «Hubo un problema con la facturación. Se hacía una previa para que el astillero pagara los cursos de formación y, después, ya se cobraba la ayuda, porque la empresa no podía esperar tanto para cobrar». Y añadió que «todas las facturas se presentaban en el depatamento de contabilidad y se pagaron regularmente hasta 2011». También admitió, a preguntas de su abogado, que fue él quien grabó al extrabajador que originó la denuncia que ha sentado a los exdirectivos en el banquillo «cuando llamaba para amenazarme», según su testimonio.

Por último, Luis Antonio M. A. G., director de factoría en 2008, declaró haber asistido a los cursos de formación que la investigación judicial pone en duda y haber firmado «los partes de asistencia porque era obligatorio», al tiempo que se desmarcaba de la presunta falsificación de facturas.

Una falsedad de la que no tiene ninguna duda el inspector de la UDEF que declaró como primer testigo. «Existes discrepancias en las facturas que encontramos en los registros. Las primeras son las originales y las segundas se las puede considerar falsificadas. Yo lo que creo es que con el dinero de las subvenciones se pagaba a las empresas para abonar la limpieza de los buques». El policía también declaró que «el juzgado avisó a la empresa de que se iba a producir un registro, el día antes».

La sección de delitos económicos de la Fiscalía de Valencia solicita para cada uno de los acusados seis años de cárcel por delitos continuados de falsedad y estafa o cuatro años si el delito probado es de fraude en subvenciones. También reclama que devuelvan al Estado (que también acusa) los 354.695 euros cobrados indebidamente. Si no pueden hacer frente a esta cantidad será la propia Unión Naval Valencia SA quien responda.