Ocho grandes bancos deberán debatir en los próximos meses determinados acuerdos financieros con la Comisión Europea (CE), después de que el ejecutivo comunitario haya concluido cuatro años de investigación en la que se acusa a las entidades de participar en un acuerdo ilegal para manipular los tipos de interés de referencia, entre ellos el euríbor.

En este sentido, se prevé que en los próximos meses se negocien los acuerdos concretos, que probablemente supondrán multas conjuntas de más de 2.000 millones de euros, por encima de las primeras multas impuestas por Competencia, según informaron fuentes cercanas al diario Financial Times. Tal y como apunta el rotativo británico, a principios de este año ambas partes se reunieron para poner en marcha los primeros pasos del proceso, mientras que se prevé que los acuerdos definitivos se conozcan a principios de 2018.

En diciembre de 2013, la CE ya impuso una multa a Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland (RBS), Société Générale, JP Morgan, Citigroup y la firma bróker RPMartin por importe de 1.710 millones de euros por participar en un cártel ilegal en el mercado de derivados financieros en el Espacio Económico Europeo (EEE).UBS, que recibió inmunidad total, se libró de una multa de 2.500 millones de euros por ser el primer banco que denunció la existencia del cártel. También Citigroup se benefició de una rebaja del 100% de la multa en uno de los casos, si bien tenía que pagar 70 millones de euros por otras infracciones. En este caso, la mayor penalización será para Royal Bank of Scotland, que tuvo que afrontar una sanción de 260 millones. En el marco de esta investigación, también se abrió un procedimiento contra el bróker ICAP.

Según la CE, esta colusión entre competidores está totalmente prohibida por el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Eiropea y el artículo 53 del EEE. "Lo que es impactante en los escándalos del Líbor y del Euríbor no es sólo la manipulación de los índices de referencia, sino también la colaboración entre bancos que deberían competir entre ellos", denunciaba entonces el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.

Finalmente, la Comisión consideró probado que estas entidades distorsionaron "el curso normal de la formación de precios de los componentes que formaban estos derivados".