«Es un caso evidente de nulidad». Así resumía el abogado Albert Calduch sus impresiones sobre el expediente de renovación de la ocupación de Lafarge en la cantera de Sagunt, que fue concedida por la dirección general de Medio Natural y Evaluación Ambiental y ahora se encuentra con el recurso de alzada interpuesto por un grupo de vecinos y asociaciones, entre los que se encuentran los grupos de Compromís y ADN Morvedre que forman parte del gobierno municipal.
En una comparencia a la que no faltó el alcalde, Quico Fernández, Calduch señaló que «éste es el último intento de llegar a un acuerdo con la Generalitat, ya que, si no estima nuestros argumentos, acudiremos a los tribunales». Entre las «infracciones graves» tanto en el procedimiento como en la falta de garantías ambientales, el letrado señaló que «el órgano que resolvió la concesión no era el competente, ya que el desacuerdo del propietario de los terrenos, el Ayuntamiento, obliga a pronunciarse al pleno del Consell.
